Un centenar de asistentes han secundando el acto de protesta con que la judicatura toledana ha mostrado su «firme compromiso en defensa del Estado de derecho y de la separación de poderes». La convocatoria, suscrita por magistrados, jueces, funcionarios de la administración de Justicia, procuradores, letrados y otros trabajadores del ámbito jurídico, ha defendido la independencia judicial y su condición de contrapeso frente al resto de poderes.

En la puerta de los juzgados de la calle Marques de Mendigorría, el juez decano de Toledo, José Ramón Bernácer, ha leído un breve manifiesto que ha remarcado la importancia de «la separación de poderes» como «fundamento del Estado democrático». El texto ha recordado que el ordenamiento jurídico vigente prevé «mecanismos de control» que «imponen el pleno respeto a los tribunales de Justicia y a la función jurisdiccional que con exclusividad la Constitución les encomienda». 

La Carta Magna consagra «la sumisión de los jueces a la ley y la independencia judicial». El sometimiento a la norma también afecta a los poderes legislativo y ejecutivo. El «Estado de derecho debe ser respetado por todos los ciudadanos e instituciones, tanto públicas como privadas, incluidos los demás poderes del Estado», ha rezado el manifiesto.

«Afirmar, e incluso sugerir, que la actuación de los tribunales responde a criterios de instrumentalización de la justicia con fines políticos no tiene cabida en un Estado democrático», ha lamentado Bernácer. Tras la lectura del escrito, los asistentes han brindado un largo aplauso.

El proyecto de ley de amnistía con que el PSOE ha amarrado el apoyo de las formaciones independentistas para reeditar un Gobierno presidido por Pedro Sánchez se ha convertido en un motivo de malestar social y judicial. Sin embargo, la protesta de la judicatura «no se puede circunscribir a la ley de amnistía, sino al pleno derecho a la igualdad y a la separación de poderes», ha explicado Juan Ramón Brígidano, presidente de la Audiencia Provincial.

Los jueces han insistido en la «igualdad» como objetivo amenazado. «La aplicación de las leyes sin condicionar», ha subrayado Brigidano, ha sido la actitud que ha determinado la actuación de la justicia.

«Vamos a respetar cualquier ley emanada del Parlamento», ha relatado el juez decano. «Lo que estamos diciendo es que ha habido un cuestionamiento de nuestra labor en atención a una serie de personas que consideran que hemos tenido motivación». Los jueces han afeado que desde determinados púlpitos se les haya asignado «una motivación política», algo que refutan. «Actuamos con pleno respeto a la legalidad, sin criterios espurios respecto a la aplicación de las leyes».

Brigidano ha recordado que la concentración «no es la primera» que el sector judicial realiza. La demanda de más medios para la prestación del servicio ha sido una de sus quejas recurrentes y motivo de otros actos de protesta.

NUEVO MINISTRO. El nombramiento de Félix Bolaños como ministro de Justicia ha sido recibido  en la judicatura de la provincia con «respeto y los mejores deseos para su buen hacer». Además de esta cartera, Bolaños se encargará de Presidencia y Relaciones con las Cortes, dos ámbitos próximos al poder ejecutivo (el primero) y el poder legislativo (el segundo).

La renovación del órgano de gobierno de los jueces sigue pendiente. Ek Consejo General del Poder Judicial «no debería estar en su totalidad en manos [de los políticos], sino en una parte, como dice la Constitución o la interpretación más acorde de la Constitución», ha explicado Brigidano en alusión al artículo 122 de la Carta Magna.

Sin embargo, la fórmula vigente establece «un sistema que debe ser cumplido por quien debe ser cumplido, que no son los jueces, sino los partidos políticos».