La provincia contabilizó 32 delitos, infracciones e incidentes de odio durante 2023. La estadística sitúa a este territorio en la posición 24 de la clasificación nacional, con una tasa de 4,39 hechos por 100.000 habitantes, una ratio algo más baja que la del conjunto del país, que se fija en 4,72 casos por cada unidad de población referida. El dato supone que se produce un suceso de esta índole cada 11 días.
El Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España que publica el Ministerio del Interior confirma un incremento generalizado de estos hechos. En todo el país, suben un 21% respecto al año anterior; en la provincia, repuntan un 10%, desde los 29 constatados en 2022 hasta los 32 del pasado año, tres más.
Las infracciones acumuladas en la provincia en 2023 incluyeron diez casos de discriminación por razones ideológicas, lo que convirtió a esta forma de odio relacionada con el pensamiento político y social en la más habitual en Toledo. Además, se produjeron nueve hechos de racismo y xenofobia, y otros seis por orientación sexual e identidad de género. El resto de incidentes documentados añaden dos casos de discriminación por enfermedad, otros tantos de antigitanismo, uno más de discriminación por razón de sexo o género, otro por creencias o prácticas religiosas y uno más por aporofobia, es decir, por el rechazo a una persona pobre.
El dato provincial aúpa a Toledo a la cabeza del lamentable indicador en Castilla-La Mancha. En Ciudad Real se contabilizaron 16 hechos, 14 en Cuenca, 12 en Albacete y siete en Guadalajara. La tasa regional se sitúa en 3,90 casos por 100.000 habitantes, algo más baja que la de Toledo y sensiblemente inferior a la media nacional. La región con peores datos según su tamaño poblacional son Navarra (14,14 casos), País Vasco (12,21) y la ciudad autónoma de Melilla (10,53).
Los 32 hechos de intolerancia que se produjeron en Toledo supusieron 25 victimizaciones, un «término que engloba a los diferentes hechos que afectan a una determinada víctima», explica el informe de Interior. Esta circunstancia apunta a que una misma víctima lo puede ser de dos o más causas al mismo tiempo; por ejemplo, de racismo y aporofobia. Hasta 22 personas fueron detenidas o investigadas por la comisión de estas infracciones en Toledo. De los 32 hechos conocidos, 18 se consideran esclarecidos, lo que supone la detención del autor in fraganti, la identificación plena de los responsables, la presencia de una confesión verificada o la no existencia de la infracción.
En el conjunto de España, el 62% de las víctimas de estas agresiones fueron españoles; las personas de origen americano recibieron el 16% de los casos y los africanos representaron un 13% más. Las nacionalidades foráneas más representadas en las estadísticas de víctimas son Marruecos, Colombia y Venezuela (por otra parte, tres de los países con mayor volumen de inmigrantes en España). Los delitos de odio hacia extranjeros son más frecuentes en las edades más jóvenes; entre la población de edad elevada, son los españoles los principales destinatarios de estas formas de discriminación.
Asimismo, el 59% de los denunciantes fueron hombres, por un 41% de mujeres.
NO TODOS SE DENUNCIAN. El estudio lamenta que «estos datos no reflejan la totalidad de los incidentes ocurridos, debido a un fenómeno de infradenuncia».
La sensibilización emerge como la mejor alternativa para el esclarecimiento de este tipo de sucesos denigrantes. «Muchos casos no llegan a ser conocidos por la justicia, privando a las víctimas del reconocimiento y la reparación debida».