¿Le preocupa que cada vez más gente piense que, como sentenció Pedro Pacheco, «la Justicia es un cachondeo»?

La Justicia española pasa por un momento muy delicado. El Estado Español está cuestionado en la Unión Europea y, lamentablemente, la Justicia española es el brazo de ese Estado más preocupantes para la ciudadanía. Los españoles continúan siendo los ciudadanos de la Unión Europea (UE) que menos creen en la independencia de la Justicia. En su mayoría saben que la independencia del sistema judicial es muy deficiente, situando a España como uno de los países donde la ciudadanía más desconfía de su aparato judicial.

¿Por qué?

Los ciudadanos españoles no son idiotas. Realmente, el funcionamiento de la Justicia española no se adapta a un canon democrático, ni al canon medio o general europeo. Hay situaciones muy alarmantes que se dan a lo largo y ancho de todos los juzgados españoles. Creo que es el momento, ahora que la UE está mirando con lupa una situación tan complicada como la que políticamente se está viviendo en España, para que pongamos el ojo en la Justicia española y digamos que esto no puede continuar así. Porque los ciudadanos españoles carecen de derechos. Si en tu país no se ha dotado un aparato judicial que te proteja, careces de derechos, porque estos derechos se hacen valer en el proceso judicial. Y el proceso judicial en España transcurre en permanente descarrilamiento, desquiciado, porque el poder judicial en su conjunto no funciona ni correcta ni eficazmente, por más que haya jueces y audiencias provinciales que destaque, cada vez más excepcionalmente, por su funcionamiento sumamente digno.

No puede ser, es inaceptable, que ya no sea ocasional. Crecientemente cuando acudes a un Juzgado experimentas que no eres persona. Porque dejas de ser persona cuando careces de derechos, o estos dependen de la total arbitrariedad del funcionario, el juez, magistrado o letrado judicial de turno.

¿En Toledo estamos igual?

La Justicia en Toledo es una fotocopia de la nacional, todos los problemas que se plantean en la Justicia del Estado español están muy presentes en el Partido Judicial de Toledo. En todos los Partidos existen jueces muy honestos y trabajadores que, sin la menor duda, quieren que esta situación termine. Pero lamentablemente, viven en la regla general de desquiciamiento y falta de medios del aparato judicial en su conjunto, y de los funcionarios, letrados y jueces que lo soportan.

Sobre este grave problema, no solo hay que mencionar a los jueces. También hay que hablar de los funcionarios. Qué les pasa, cómo tramitan y gestionan los asuntos; cómo se cocina el día a día en la gran olla de los Juzgados españoles. Lamentablemente, todo es muy preocupante. Llevo poco tiempo trabajando en la ciudad de Toledo, pero vas detectando detalles de la fotocopia general. Una actuación judicial no se puede suspender porque una persona se vaya a nadar, no cabe en cabeza humana, ni pasa en ningún país europeo.

¿Qué supone para la Justicia que no se renueve el Consejo General del Poder Judicial?

Bloquear la renovación del Poder Judicial en las condiciones que lo estamos viviendo es un "síntoma". Es una alarmante señal de la patología del Poder Judicial desde una perspectiva democrática, apuntando con el dedo índice de la enfermedad terminal que hoy padece el modelo de la democracia española del 78.

Cuando un Poder Judicial no se adapta a la flexibilidad de las normas democráticas, careces de Justicia, y con ello, en definitiva, dejas de vivir en democracia.

Debemos evocar el crucial pensamiento de los constitucionalistas franceses, en el que se fundamenta el Estado de Derecho, y el proceso constituyente, tras la Revolución Francesa, según la cual «toda sociedad en la que, ni la garantía de los derechos está asegurada ni la separación de poderes determinada, carece de Constitución».

Sin un auténtico Poder Judicial, careces de derechos; y si no ostentas derechos no vives en democracia. Sin democracia te privan de seguridad jurídica y del Estado de Derecho. Eso es lo que la gran mayoría de la ciudadanía española está denunciando y tenemos la necesidad de denunciarlo. A ver si va a ser verdad que nos vamos a venezonalizar, que en medio de la Unión Europea va a existir una anomalía más grave que el caso Polonia.

La huelga de funcionarios redunda en los retrasos y una pésima imagen.

El estado de la Justicia en España no se puede describir con un rotulador grueso. Hace falta un rotulador de punta muy fina. Hay varios temas que tienen que ver con la lentitud, directamente conectada a una carga de trabajo descomunal. Pero otras taras de nuestra Administración de Justicia provienen sencillamente de la dejadez, del incurrir en prácticas reiteradas y aberrantes, so pretexto de la endémica falta de medios de la Justicia española.

Cuando se dice que el Estado español, y las Comunidades Autónomas, no dotan de suficientes medios materiales y personales a la Administración de Justicia, es cierto, pero esto, por sí sólo, no explica la totalidad los abusos que existen por parte del aparato judicial, que en ocasiones no tienen nada que ver con la falta de medios, ni con el hecho de que jueces o funcionarios estén mal pagados. Si un órgano judicial se ve sistemáticamente cuestionado en sus resoluciones por la Audiencia Provincial, al no dar con la tecla de cómo resolver un caso concreto ¿Qué tiene que ver con la falta de medios? Si una magistrada priva de su patrimonio a una persona por considerarla incapaz, basándose en un informe constitutivo de delito, esto no se relaciona con la falta de medios, sino con una justicia arbitraria y prepotente, escondida en un nicho negro ajeno a la democracia. Puedes disponer de abundancia de medios, con sueldos más que gratificantes, y que subsista el abuso de poder y la permanente desviación de la norma jurídica. Si miles de taxistas llevan esperando casi cinco años la celebración de una vista previa sobre su asunto, esto se llama injusticia con mayúscula, no sólo falta de medios.

Lo que está pasando en la función pública judicial desde hace mucho tiempo es un escándalo. Que un juez tenga la superior inspección de un juzgado, pero no tenga potestades disciplinarias sobre esos funcionarios y no mande realmente en el Juzgado es inaceptable. Que unos cuantos sindicatos manejen la gestión de la Justicia, a nivel funcionarial, es un escándalo. Una vez dicho esto, se puede hablar sobre si cobran lo que deben o no. Habría que preguntarle a la sociedad española si se merecen el premio de más sueldo los empleados que integran unos órganos tan ineficaces y disfuncionales. Estoy de acuerdo con que haya huelga y reivindicación de los derechos, pero tienen que ser comprendidos por la sociedad, que exige eficacia a un funcionario público y que se pueda auditar si tramita los procedimientos con celeridad y eficacia; o, al contrario, con errores permanentes. Hay situaciones escandalosas que tienen que ver con el pésimo desempeño de los funcionarios públicos. Solamente se ataca al juez, pero esto no es correcto. Hay que destapar lo que pasa en la cocina de los juzgados, aunque eso no lo va a decir un magistrado, muerto de miedo porque depende de esos funcionarios, o mejor dicho, de algunos funcionarios que se apoderan de la sala.

¿Qué solución hay a esto?

Yo apostaría por un nuevo modelo de responsabilidad patrimonial administrativa, que debe empezar por los juzgados. Cuando haya un abuso, que se responda patrimonialmente por parte del responsable, con la Administración como responsable civil subsidiaria. Quien lo ha hecho mal negligentemente, sin ninguna excusa, que pague. Así se acabará el rollo en tres telediarios. Se puede imponer un control digital a cada funcionario. Hoy disponemos de tecnologías para examinar lo que hace un empleado público en cada momento de su jornada de trabajo ¿Qué le ha pasado a usted, señor juez, señor funcionario o señora letrada de la administración de justicia, qué ha sucedido con los expedientes a su cargo? Responden de una función pública esencial, abandonada en muchos casos. Cuando haya errores, el responsable debe pagar por ellos, no sólo la comunidad, que es precisamente la víctima de esos errores. Este criterio de seguimiento habría que extenderlo a todas las Administraciones. No vale que alguien obre como le dé la gana y luego responda la Administración afectada. Si pagamos todos permanentemente por los errores de unos cuantos, a la postre, en un Estado inordenado, llegaremos a la quiebra de ese Estado. Y la UE no va a estar siempre ahí para recogernos.

Y en todo este caldo de cultivo llega la polémica legal de la amnistía.

La institución del indulto debe existir porque existen errores judiciales muy graves. Sin ir más lejos, la condena que se me impuso es un error judicial escandaloso, aunque yo no voy a pedir ningún indulto, porque no me arrepiento de nada, y además, no estoy inhabilitado oficialmente, a nivel de Boletín Oficial del Estado. Tampoco puede desaparecer la amnistía. En un país donde todos sabemos cómo funcionan las listas electorales, donde en cada partido político manda una sola persona, ni siquiera hemos alcanzado a vivir en una democracia formal. Es urgente, por tanto, que vayamos a un proceso constituyente para imponer que España sea, al menos, una democracia formal.

En un país con tales condiciones y déficits el indulto y la amnistía deben existir.

Aunque, una vez que analizamos los indultos uno a uno, vemos que, más que con el error judicial, se relacionan con clientelas ideológicas; y con los vínculos, que deben destacarse, de los indultados con el PP. Un indulto no debería consistir en que si un juez o tribunal condena a uno de los tuyos después, por la puerta de atrás, puedas absolverle. Es evidente que así no puede ser.

La amnistía ha existido siempre en España y ha marcado nuestra historia constitucional, ha sido necesaria por el largo alcance de prácticas de persecución política en el Estado español.

¿Ha habido persecución política en España para que sea necesario amnistiar a algunas personas?

Yo soy testigo de que sí, a mí se me persiguió política e ideológicamente. Me limité a cumplir con mi obligación, por lo demás no hice nada extraordinario. Me topé con un banquero corrupto y mi obligación era ingresarle en la cárcel. Me equivoqué en no ingresar en prisión a todo el Consejo de Administración de Caja Madrid.

Existe, por tanto, persecución ideológica y un uso torticero del Poder Judicial en España.

En una situación así tiene que existir la amnistía. Si me preguntas por el caso catalán, es una situación muy delicada que debe abordarse con centralidad y política de Estado. España no está preparada para ir a unas nuevas elecciones, y la Unión Europea lo sabe. España carece de soberanía económica, la perdió desde el rescate bancario que se debió a la corrupción, fundamentalmente del PP, que se cargó las cajas de ahorro, con la totalidad del sistema del Régimen del 78 como cómplice. España carece de soberanía económica porque debe el 111% de su PIB -que se reconozca-. La deuda pública del Estado español es un escándalo, y se diferencia de otros países en que los acreedores no son españoles, mientras la banca española está quebrada, en manos de terceros, algunos enfrentados a la Unión Europea. España es un peligro. No está preparada para unas nuevas elecciones en las que reconoceríamos que el sistema ha quebrado, que somos incapaces de autogobernarnos y que deberíamos ir a una intervención de la Unión Europea o a un proceso constituyente forzado, impuesto. Sí debemos ir a un proceso constituyente, pero ordenadamente, y se debe impulsar desde un Gobierno del PSOE, controlado por otros partidos diferentes del PP. El PP no está preparado, después de la Gürtel. El PSOE debe hacer lo posible, desde un Gobierno realmente plural, por poner en marcha un proceso constituyente. Ya tuvimos una situación muy delicada con Carrero Blanco, donde nos implantaron una camisa de fuerza para ir a la democracia, bajo unas condiciones calamitosas, que es lo que estamos sufriendo hoy, con una Constitución mal diseñada de raíz. España debe alcanzar la madurez para generar un proceso constituyente propio, desde España, no desde esa camisa de fuerza.

¿Apuesta entonces por un reseteo democrático?

Efectivamente, y si el coste es una amnistía, habrá que ir a esa amnistía.

No podemos ser idiotas, la UE no tolera la incapacidad de España para gestionar el problema catalán. Porque lo de Rajoy y el PP era incapacidad radical.

España necesita un proceso constituyente, y el precio a pagar hoy se llama 'amnistía'.

¿Qué le parece que mientras tanto se trate de hacer Justicia Universal desde España?

Entiendo que la Justicia Universal es indispensable. Hay Estados donde careces de derechos y es importante que se globalice la Justicia, que las personas puedan refugiarse en otros Estados en busca de derechos. Estoy viviendo con algunos clientes situaciones alarmantes. Estoy comprobando en directo el cuestionamiento del derecho fundamental a la libertad de residencia por parte de un Juzgado barcelonés. Este juzgado está interpretando de la manera más torticera la libertad de residencia, como podría suceder en Corea del Norte o Turquía, países donde la democracia es oficialmente inexistente. Ante algo así, debes buscar ayuda en otros Estados que te protejan dentro de la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda o Canadá. Estoy muy de acuerdo con que haya una protección global y no existan nichos de países donde los derechos sean pulverizados, o donde aparentemente existen, como ocurre en España, pero donde la Constitución sea papel mojado.

¿Le preocupa el aumento de delitos, sobre todo sexuales, entre los más jóvenes?

Lo que estoy contando no sale gratis para la sociedad que lo padece. Los jóvenes, a través de sus padres, están observando consciente o inconscientemente una degradación de la sociedad española salvaje. No lo advierto hasta tal punto en otros países europeos de nuestro entorno, por más que no sean perfectos.

A través de los juzgados de familia no se está impartiendo justicia correctamente. Hoy casi todas las familias están sometidas a una pandemia, que se llama ruptura de pareja inordenada, donde los jueces no son capaces de marcar cauces, donde habría que intervenir con medios personales y materiales con urgencia, debería haber equipos de psicólogos, de psiquiatras y coaching, que no existen, prácticamente, en la gestión de este tipo de conflictos. Solo hay que copiar lo que ocurre en Suecia o en Holanda. Hay quien dice que estamos creando a príncipes y princesas, pero ¿los padres no tienen nada qué ver? ¿o el colegio? La criatura no es la culpable. ¿Qué pueden pensar los jóvenes que han visto el hundimiento de la banca española, su corrupción, el Caso Blesa, el Caso Gürtel y la irresponsabilidad de los partidos políticos? Si yo hubiera visto todo esto con quince años no sería el que soy hoy. La sexualidad es empoderamiento. Haciendo lo que me da la gana y abusando del otro "como me place" te topas con el ancho canal de la agresión sexual. Suplantar a otro, suprimirle arbitrariamente, es lo que hace un Estado, desde sus poderes públicos, practicando el abuso permanente. Viola a los ciudadanos en sus derechos. Es cuestión de que antropológicamente pensemos que lo que está pasando en España no sale gratis. Los jóvenes son un síntoma de una sociedad enferma, de poderes públicos que no funcionan. No lo podemos ignorar.