Las reformas en materia económica y laboral que el Gobierno de España está ejecutando están siendo seguidas muy de cerca por organismos internacionales como, por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que ayer aprovechó en París el acto de presentación de un informe sobre la productividad en España, a la que asistió la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para recomendar «una vigilancia exhaustiva» con este tipo de contratos para evitar que se conviertan en una fuente de precariedad para los trabajadores, así como un consenso con los agentes sociales, incluidos los empresarios para aprobar el ajuste de la jornada semanal.

En este contexto, la OCDE puso de manifiesto la «robusta» rebaja de la tasa de temporalidad en España, desde el 21% a finales de 2021 al 13% en 2023. No obstante, hizo mucho hincapié en tener un control muy riguroso de los contratos fijos discontinuos. «Los contratos discontinuos intermitentes han aumentado en este período y de cara al futuro será importante realizar un seguimiento de la utilización de este tipo de fórmulas para asegurarnos de que no se conviertan en una nueva fuente de precariedad para los trabajadores», subrayó Antonio Scarpetta, el director del departamento de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE.

El economista se refirió al tema de la reducción de la jornada que el Gobierno quiere aplicar desde este mismo año, precisando que no tiene por qué tener un impacto negativo en el crecimiento si se negocia con patronal y sindicatos.

Scarpetta sostuvo que hay margen para reducir el tiempo de trabajo sin que necesariamente eso tenga un impacto negativo sobre el crecimiento si se negocia con los interlocutores sociales (...), pero en algunos casos puede que haya que legislar porque algunos trabajadores no estarían cubiertos».

Asimismo, declaró que cuando el ajuste se hace con sindicatos y patronal, eso supone «una mejora del bienestar de los asalariados sin necesariamente tener un impacto negativo en la eficiencia de las empresas o en el empleo» y subrayó que «si se impone una fuerte reducción sin negociarla, algunas compañías no se lo pueden permitir».

En otro orden, criticó que en España se dan casos de trabajadores que hacen horas extraordinarias sin que se les paguen y también que hay ocupados a tiempo parcial de forma involuntaria, sobre todo mujeres.

Por su parte, la ministra de Trabajo reiteró sus planes para reducir desde este año la jornada a 38,5 horas y a 37,5 horas en 2025 «sin reducción salarial», una medida que, según manifestó, «va a beneficiar a más de 12 millones de personas».

Díaz consideró que es «perfectamente asumible» porque la casi totalidad de los convenios negociados ya están por debajo de esas cifras.