El futuro de la estación de autobuses de Toledo se sigue dirimiendo en los despachos desde el pasado mes de septiembre, aunque todavía no se puede comunicar una solución. Sin embargo, el concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, espera poder avanzar públicamente algo al respecto la próxima semana tras la reunión que mantuvo con la Junta el pasado viernes para manifestar «nuestro desconsuelo y malestar» por la situación que ofrece la infraestructura con sus deficiencias enquistadas desde hace tiempo. 

Jiménez reconoce las discrepancias que mantienen las dos administraciones en relación a la estación de autobuses, sujeta a un convenio vigente hasta 2065, un acuerdo mediante el cual el Ayuntamiento de Toledo asume el mantenimiento. Sin embargo, la antigüedad de las escaleras mecánicas y del ascensor, los problemas de goteras y otras deficiencias han complicado un convenio que exige una solución. 

En este caso, el concejal insiste en que los servicios jurídicos municipales tienen claro que el Ayuntamiento no tiene que hacerse cargo de la sustitución de las escaleras mecánica, con un coste aproximado de 280.000 euros, «porque no podemos hacer una instalación nueva en un edificio que no es nuestro», ya que la propiedad recae Gobierno regional. 

Al margen del encuentro, Jiménez trasladó esta mañana que a la vuelta de verano también envió un escrito a la Junta alertando de la situación, «diciendo que teníamos que tomar cartas en el asunto y que habíamos llegado a pensar incluso en echar el cerrojo» a la estación porque no puede seguir prestando servicio en estas condiciones ni puede seguir manteniendo «la imagen» actual de abandono.

De momento, ambas administraciones seguirán negociando para intentar llegar a una solución. Por su parte, el Ayuntamiento se mantiene firme respecto a la reparación de las deficiencias y se desconoce si la Junta ha cambiado de opinión y asumirá la factura del cambio de escaleras y de ascensor, dado que tampoco hay más recambios disponibles si vuelve a averiarse en los próximos meses.

Soluciones. La estación de autobuses también presenta problemas de seguridad y de falta de vida comercial desde hace años, otros motivos que también invitan a buscar una solución definitiva. Hace meses desde el Ayuntamiento se dio a conocer la posibilidad de acudir a la colaboración público-privada para que la gestión del edificio recayera en una empresa, pero su situación actual lo impide por falta de ofertas. 

Por otra parte, también desde el equipo de Gobierno municipal se ha planteado la opción de quedarse con la estación de autobuses a cambio de que la Junta asuma una factura que ronda los 300.000 euros. Si finalmente se consiguiera este acuerdo, el Gobierno regional se olvidaría de una reforma integral del edificio y el Ayuntamiento podría dar un giro y un futuro nuevo a la estación.