En España hay más de tres millones de rentistas particulares que obtienen ingresos por el alquiler de sus propiedades, y más de tres millones de inquilinos asfixiados y empobrecidos por el precio desorbitado de los alquileres. La relación entre ambos grupos no sería difícil de establecer, si bien en la ecuación entran también, del lado de los primeros, los bancos y los fondos de inversión como caseros particularmente despiadados. Sin embargo, se observa cierto propósito de desviar la atención que concita semejante sindiós social, hacia lo que se ha dado en llamar el "inquiokupa".
Lo que se conoce como "crisis habitacional", que percute sobre todo en las grandes ciudades, no es sino la más cruel manifestación de la desigualdad entre los españoles, pero de esa de la que no hablan, ni les preocupa, los que se han apoderado del concepto "desigualdad" para aludir con él únicamente al concierto económico de Cataluña. La "crisis habitacional", expresión que suaviza y ablanda lo que es, en puridad, una catástrofe social que evidencia la peor tara de nuestro supuesto estado social y de derecho, no hallará solución, o una vía que conduzca a ella, hasta que algún gobierno tenga la valentía de renunciar a tres millones de votos, los de los rentistas afectados por ley que ese gobierno implante para combatir eficazmente el desmedido afán de lucro.
Claro que ese gobierno que no existe, que no ha existido nunca en España, no podría conformarse con fijar por ley el precio de los alquileres en términos razonables, ni ofrecer ayudas dinerarias a los inquilinos que, en el fondo, no hacen sino favorecer a los caseros, como tampoco proponer leyes tímidas, febles, de ordenación de los "alquileres de temporada", sino que debería copiar, literalmente copiar, lo que se ha hecho en Viena, donde la inmensa mayoría habita en viviendas sociales de calidad en régimen de alquiler, esto es, con un precio del alquiler igualmente social.
Hay quien prefiere hablar del "inquiokupa", cajón en el que se mete tanto al golfo que no paga pudiendo hacerlo, como al honrado que no ha podido seguir pagando, por razones de fuerza mayor, la abusiva mensualidad del techo que le cobija. Hay quien prefiere, en fin, la desigualdad de los españoles.