Greenpeace advierte de que el viaje de los residuos nucleares al Almacén Temporal Centralizado de Residuos Radiactivos (ATC) que está previsto que se construya en la localidad conquense de Villar de Cañas (Cuenca) pondría en riesgo a 216 municipios españoles, de los cuales 71 pertenecen a Castilla La Mancha. Por ello, exige la paralización «inmediata» del proyecto hasta que se encuentren alternativas «sin prisas y más seguras», concretó Raquel Montón, responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace.
Según la organización serán cuarenta camiones con residuos radiactivos los que tendrán que circular anualmente por todo el país irradiando a las personas que se encuentren más próximas. Además, recuerdan que al igual que sucedió en países como Estados Unidos o Reino Unido, puede haber accidentes de tráfico, en cuyo caso temen por las consecuencias, ya que afirman que los contenedores no son invulnerables.
En este sentido, hacen especial hincapié en el riesgo que supone que las rutas contempladas para el traslado de residuos pasen por siete tramos catalogados por la Dirección General de Tráfico como peligrosos. Así, se espera que atraviesen cinco puntos negros en Madrid y otros dos en Castilla La Mancha. Uno de ellos en Guadalajara en el kilómetro 54 de la A-2 y otro en Cuenca en el kilómetro 150 de la A-3.
Por estos motivos, Greenpeace exige que los municipios afectados puedan participar en la toma de decisiones del proyecto. Para ello, desde hoy la página web de la ONG muestra los distintos trayectos por los que viajarán los residuos en España permitiendo que los ciudadanos envíen un correo electrónico a los responsables políticos de las distintas localidades afectadas para pedirles que promuevan una moratoria del proyecto desde los plenos de los ayuntamientos.
Pero no sólo muestran su preocupación por los riesgos para la salud, también advierten de las consecuencias que tendrá para la economía de los municipios. Primeramente esperan que descienda el valor de las propiedades inmobiliarias afectadas y que perjudique al turismo. No en vano, consideran que supondría un «despilfarro económico» ya que la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) tendría que hacer frente a un gasto de 1.000 millones de euros para poner en marcha el cementerio nuclear mientras que el coste de las instalaciones que se realizan in situ en las centrales lo afrontan las compañías propietarias de las centrales y no supera los 20 millones de euros por instalación.
Moratoria. Greenpeace destaca también que existen «irregularidades en el proceso». Según declaran el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha autorizado el emplazamiento y ha iniciado la licitación de la obra civil sin contar con todos los preceptivos informes previos. Igualmente alertan de que los terrenos elegidos para albergar el almacén son «de mala calidad» y explican que así lo recogen los informes técnicos de evaluación elaboradas por el propio CSN.
En consecuencia Greenpeace solicita junto con la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca y Ecologistas en Acción la paralización «inmediata» del proyecto. De este modo buscan que se paren los permisos, autorizaciones y licencias relacionadas con el cementerio nuclear conquense hasta que se apruebe un nuevo Plan de Gestión de los Residuos Radiactivos, con el que se limite la vida útil de las centrales a los 40 años y en el que se barajen alternativas a la gestión de los residuos «sin prisas, seguras y con participación pública».
Según se puede consultar en la web, la ruta desde la central de Almaraz pasaría por ciudades como Oropesa, Talavera o Valmojado, siguiendo la A-5. Por Tarancón pasarán las rutas de Trillo, Garoña y el tramo final de Almaraz. La ruta de Cofrentes pasará por Almansa, Albacete y La Roda. La de Ascó y Vandellós llegará de Valencia por la A-2.