La Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, conocida como la EMV, tiene entre sus funciones principales el desarrollo de vivienda pública en la ciudad, así como otras funciones públicas que el Ayuntamiendo de Toledo asigne a este organismo como medio propio con financiación pública. Sin embargo, en las legislaturas pasadas la actividad de la EMV se alejó en demasía de la construcción de viviendas en la ciudad. Con la llegada de Carlos Velázquez a la Alcaldía en mayo de 2023, apenas tres meses después, José Manuel López asume la gerencia de esta entidad relevando a Luis Espinoza en el cargo.
Un aterrizaje para el nuevo gerente que, en sus propias palabras, fue «asustadizo», al describir la sensación que se llevó al analizar la situación contractual en la que se hallaba la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda. Es por ello que antes de alzar la voz con lo encontrado, López decidió realizar una auditoría sobre la contratación del ente de la mano de Intervención del Ayuntamiento toledano. Un proceso que ya tiene resultados y que muestra como conclusiones «irregularidades como poco curiosas», expresa el dirigente.
Sus primeros hallazgos los detectó a su llegada al cargo en agosto, cuando observó «contratos vencidos desde el año 2019 que se seguían abonando, como por ejemplo el contrato de apoyo administrativo que mantenía a dos trabajadores en la oficina sin contrato y con un coste de 6.000 euros al mes», lo que ya calificó en su día como «una primera irregularidad».
Ante tal situación, Intervención comenzó una auditoría que a día de hoy ya ofrece seis conclusiones al respecto. El primer punto informa de que «se ha constatado que la normativa publicada en la web de la EMVST SA está obsoleta, ya que desarrolla las previsiones de normativa de contratación ya derogada; que no existe una adecuada organización para la contratación; que la entidad no tiene ni desarrolla medidas para la formación de los trabajadores en materia de contratación, salvo la reciente formalización de un convenio con la Diputación de Toledo para la formación en materia de la Plataforma de Contratación del Sector Público; que se ha constatado que se recurre a la contratación menor para contratar la mayoría de sus prestaciones, vulnerando en algunos supuestos los umbrales de importe y/o temporales previstos en el art. 118 de la Ley de Contratación del Sector Público -en concreto, se ha comprobado la situación irregular de las contrataciones del servicio de limpieza y de apoyo administrativo cuyo adjudicatario es Suma Social y Servicios SLU-; que la entidad esta al límite de su capacidad para la realización de encargos del Ayuntamiento tal y como se ha venido manifestando por esta Intervención General en los informes anuales de supervisión continua y; por último, que la entidad cuenta con dos perfiles del contratista alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público, Consejo de Administración y Gerente».
Contratación Menor. Analizando estos resultados, José Manuel López incide en la gravedad de uno de los puntos, el que habla de recurrencia sistemática a la adjudicación de contratos menores «incumpliendo la ley de contratos», especialmente en la concesión del servicio de limpieza y de apoyo administrativo. Ante esto, el gerente de la EMV manifiesta que «no se puede adjudicar un contrato a una empresa sin una licitación, a no ser que sea realmente un contrato menor, y claramente no lo eran por importe o temporalidad». Además, López añade que llamaba la atención que «tanto estos servicios como otra serie de contratos o informes que hacía la EMV se daban sin licitación a otra empresa -Geipro- cuyo administrador era la misma persona que Suma Social y Servicios».
José Manuel López secunda lo manifestado por Intervención al señalar que «no había contratos publicados en la plataforma de contratación; todos eran menores, lo que da indicios de que se estaba ocultando algo». De hecho, el actual gerente pone cifras sobre la mesa al destacar que entre las dos empresas mencionadas «llegaron a facturar al año entre 120.000 y 130.000 euros con la EMV». Apunta que la fórmula usada para sacar estos servicios como contratos menores al tratarse de importes «muy voluminosos», consistía en «sacar tres contratos diferentes para una misma prestación recayendo finalmente sobre la misma empresa».
López también muestra a La Tribuna la facturación de Suma Social y Servicios desde enero de 2019 al mismo mes de 2023, desglosando un importe que supera los 435.000 euros. A estos «habría que añadir la facturación de Geipro», reseña.
En defintiva, una situación que José Manuel López no entiende «cómo se ha consentido a lo largo de los años» y que ha obligado a la actual gerencia de la EMV «a perder un año limpiando esto», teniendo en cuenta que el balance del último curso deja «183.000 euros en negativo». Desde el equipo de Gobierno están valorando la posibilidad de llevar la gestión anterior a los tribunales.