El famoso convenio del Nudo Norte, que colea desde hace años, lo ha resucitado de nuevo la Concejalía de Planeamiento con el objetivo de «defender los intereses del Ayuntamiento y de la ciudadanía» a pesar de que en abril de 2022 se formalizó el acuerdo entre la administración municipal y 'Condominio Once de Noviembre Siglo XXI' para que la primera abonase y compensase a la segunda mediante el pago de 10,1 millones de euros en el plazo de cinco años por la expropiación de la clínica El Rosario.

De momento, el Ayuntamiento no ha ejecutado el acuerdo a pesar de que el compromiso se subraya en los presupuestos municipales, y el concejal de Planeamiento, Florentino Delgado, ha hecho públicó su desacuerdo con esta operación y plantea la posibilidad de revisar el convenio, ya que considera «que no ha habido un cuestionamiento jurídico apreciable en favor de los intereses municipales y sí de la parte que se ha convertido en acreedora».

El concejal, que ya adelantó en la entrevista publicada por La Tribuna ayer su disconformidad y la situación «llamativa» que se ha encontrado este equipo de Gobierno con este asunto urbanístico derivado de la actualización del convenio que firmó el anterior equipo de Gobierno municipal, volvió sobre el tema poco después de la comisión de Planeamiento para recalcar su intención y las dudas que suscita el acuerdo.

«Tengo claro que no hay proporción ni equivalencia entre el objeto que se recibe como contrapartida con el importe que hay que pagar», insistió Delgado, muy sorprendido por el hecho de que el Ayuntamiento esté obligado a abonar ya 13 millones de euros a Condominio, prácticamente tres millones más de los inicialmente firmados porque los intereses van sumando euros al total, aunque si el Ayuntamiento realizaba pagos parciales durante los cinco años que se marcó de plazo la cuantía no se disparaba tanto. Tampoco se excluyó en el convenio la posibilidad de compensar una parte con bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento.

Pero lo que más sorprende al concejal de Planeamiento «es que «no haya un informe jurídico que hable de las consecuencias que para este equipo de Gobierno no son tan positivas, más bien muy negativas». Al respecto, Delgado sostiene que «los informes están todos aparentemente dirigidos a favorecer que Condominio se convierta en un acreedor cuya garantía de cobro está aparentemente garantizada».

El convenio expropiatorio original data de 2008, pero el anterior equipo de Gobierno lo actualizó en 2021, aunque en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha se publicó meses más tarde. Hace dieciséis años, el pago del precio pactado se estableció mediante la entrega del Ayuntamiento a Condominio de 31.353  unidades de aprovechamiento para que la empresa pudiera construir en cualquiera de los sectores del Plan de Ordenación Municipal, pero también podía satisfacerse en metálico.

La deuda por la expropiación que llevó a cabo el Ayuntamiento en su momento de la Clínica el Rosario para la construcción del Nudo Norte sigue encareciéndose con el paso de los meses, otro motivo que ha llevado a Delgado a tomar cartas en este asunto buscando la mejor solución para evitar también que la cuantía a pagar a Condominio siga creciendo, con unos intereses anuales del IPC más 0,5%.

Las reacciones. Para el Grupo Municipal Socialista la noticia de la posible revisión del convenio ha supuesto una sorpresa. La portavoz de la formación, Noelia de la Cruz, subraya que el acuerdo lo actualizó su equipo de Gobierno «con los informes del interventor y del secretario general» porque se encontró con este tema pendiente en el Ayuntamiento. Más allá, entiende que si el concejal de Planeamiento no se da prisa en hacer efectiva la revisión «se acabará la legislatura». 

En su opinión, el bipartito formado por PP y Vox «basa su acción de gobierno en ocurrencias y no es propio de una ciudad como Toledo».

En cambio, el portavoz de IU-Podemos, Txema Fernández, tiende la mano a Delgado si lo que se busca es «defender los intereses municipales para convencer a Condominio de que hay que pagar menos». En este sentido, recuerda que su grupo se opuso desde el principio a la actualización del convenio porque lo consideraba «una tropelía» pese a que fuera una operación legal, y cree que el anterior equipo de Gobierno «tenía que haberse opuesto a este convenio.