El Ingreso Mínimo Vital cumple cuatro años con un alcance muy por debajo del que se pronosticó en su momento. En el momento de su aprobación en mayo de 2020, el Gobierno calculaba que esta prestación de la Seguridad Social llegaría a 850.000 hogares en los que viven 2,3 millones de personas y supondría la práctica erradicación de la pobreza extrema en España.

Llegado el pasado mes de abril a 589.948 hogares y a un total de 1.771.480 personas. Con una cuantía media de la prestación de 492,4 euros por hogar, la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales recordaba ayer que los datos han quedado muy por debajo de las previsiones. Sobre todo, si se tiene en cuenta que este IMV engloba la renta básica de subsistencia, para familias con ingresos por debajo de la renta garantizada, y el complemento de ayuda para la infancia que permite completar las rentas inferiores a tres veces la renta garantizada.

La aspiración a erradicar la pobreza severa se ha quedado en realidad en el 46,2% de cobertura, una diferencia en buena parte atribuible a las dificultades fijadas por la propia administración a la hora de tramitar la solicitud de esta prestación básica.

La burocracia que lleva asociada dificulta hasta hacerlo imposible en muchos casos el acceso de las familias que lo necesitan a esta contribución mínima. La queja está sobre la mesa desde la puesta en marcha del IMV, pero la solución se sigue haciendo esperar. A la lista de requisitos, tan incomprensibles como los trámites para muchos de los aspirantes, se une la tramitación electrónico, ya de por sí inaccesible para parte de los usuarios.

A ello se añade, como ha recordado la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, la falta de coordinación con los servicios sociales municipales, los más cercanos al ciudadano y los que mejor conocen por ello la situación de precariedad económica de muchas familias.

En algunas comunidades autónomas el acceso a esta prestación pensada para personas que carecen de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas apenas llega al 10 por ciento, por debajo de una exigua media nacional del 12 por ciento.

Cuatro años después de su puesta en marcha, el Ingreso Mínimo Vital no ha llegado a los objetivos cuantitativos planteados y no por falta de candidatos, sino por la rigidez de la administración pública y la ineficacia de las normas creadas para su acceso.

En un gobierno que acostumbra a presumir allá donde puede de su carácter social y de no dejar a nadie atrás, en esta materia se está dejando por el camino a la mitad de los beneficiarios para los que se pensó. El mecanismo pide, por todo ello, mejoras, que el Ministerio responsable se resiste a introducir, para que la medida pueda llegar al máximo de esa población en situación de pobreza extrema, que no cuenta con los recursos mínimos para sus necesidades más perentorias.