La estación de autobuses vuelve de nuevo a la agenda política municipal por las constantes quejas de los usuarios y la necesidad de una reforma que cambie el sino de un edificio que no presta buena imagen ni servicio y pide una solución. En el Ayuntamiento la situación actual preocupa y se siguen analizando distintas alternativas orientadas a rescatar de esta situación agónica a una estación  que presta servicio a diario y debería figurar como un puntal más del transporte en la ciudad.

Las posibles soluciones pasan por el buen entendimiento de dos administraciones, el Ayuntamiento y la Junta, ya que continúa vigente un convenio que deja en manos de la primera la gestión aunque la titularidad sigue siendo de la segunda. Un acuerdo que caduca en 2065. Los responsables de ambas han mantenido varios encuentros en los últimos meses y en este mes de septiembre volverán a retomarse con el objetivo de dar una salida definitiva a un edificio con problemas de accesibilidad, de seguridad y con falta de vida comercial a pesar de que  cuenta con bastantes locales comerciales. 

Según ha podido conocer La Tribuna, el equipo de Gobierno municipal está estudiando la posibilidad de que la Junta se desprenda de la competencia sobre este edificio y la asuma el Ayuntamiento a condición de que el Gobierno regional se encargue de reparar las deficiencias, es decir, de la sustitución de las dos escaleras mecánicas que llevan tres años pendientes de reparación y de algún arreglo más  antes de alcanzar el acuerdo. 

En este caso, la reforma integral de la estación pasaría a un segundo plano, pero sería imprescindible para el Gobierno municipal que la Junta asumiera una factura que rondaría los 300.000 euros, dado que la sustitución de ambas escaleras mecánicas, por su antigüedad y su falta de recambios ascendería a 282.000 euros. 

De esta manera, los costes se abaratarían para la administración regional al descartar una intervención integral y el Ayuntamiento intentaría dar un giro al futuro de la estación, bien asumiéndola directamente o acudiendo a la colaboración público-privada, otra de las opciones que se barajaban hace meses en las reuniones que mantuvieron ambas partes. Sin embargo, en estos momentos la estación de autobuses no es atractiva para que las empresas quieran participar en el servicio, aunque en un futuro no es descartable.

Al margen de la reforma, la estación también tiene pendiente reflotar la actividad comercial, que no levanta cabeza desde hace muchos años y ni siquiera lo consiguió con el lavado de cara estético que se ofreció en 2012, puesto que las licitaciones para la gestión de locales siguieron quedando desiertas. Además, las administraciones tendrán que abordar también la necesidad de vigilancia, un servicio que sí se disfruta en otras ciudades y aquí ya solicitó hace meses el sindicato UGT.

La respuesta. Las conversaciones entre ambas administraciones se retomarán a lo largo de este mes y todo indica que el director general de Transportes, Rubén Sobrino, y el concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, se sentarán de nuevo para estudiar si hay alguna manera de dar una solución definitiva a la estación porque los problemas colean desde hace muchos años. 

Si bien, fuentes de Fomento han indicado a La Tribuna esta semana que la administración regional no tiene en mente hacerse cargo de la factura de las reparaciones de la estación de autobuses, ya que la gestión de la misma recae en el Ayuntamiento de Toledo y éste a su vez cree que la situación es insostenible, a pesar de los arreglos puntuales que ha afrontado en esta legislatura, para prestar el servicio y para los propios usuarios que se topan a diario con la problemática de las escaleras, la avería del ascensor y otras deficiencias enquistadas.

No es la primera vez que entre ambas administraciones hay discrepancias en torno a este edificio. Ya en 2014 el entonces concejal de Movilidad, Rafael Perezagua, apuntó que el Ayuntamiento iría a los tribunales en relación a este convenio para que el Contencioso-Administrativo dilucidase sobre la competencia de la estación y a qué administración le correspondía cargar con los gastos. Seis meses antes la administración municipal inició el expediente para devolverle la gestión a la Junta, que conllevaba un ahorro anual de 600.00 euros anuales.

En este caso, desde el Ayuntamiento se argumentó que el convenio estaba caducado pese a que la Junta se negaba a dejarlo sin efecto y ambas administraciones alimentaron un conflicto durante meses que coincidió en el tiempo con la propuesta que planteó un grupo de empresarios del transporte que quería quedarse con la gestión de la estación.