Que el Gobierno cumpla la Constitución no tendría que ser un motivo noticioso sino un síntoma de normalidad democrática de un país serio. Y, sin embargo, la decisión de presentar el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2025, "en tiempo y forma", es decir el 30 de septiembre como muy tarde, se ve como un esfuerzo baldío tendente a la melancolía porque las dificultades para que salgan adelante son más que las posibilidades de que sean aprobados, y que por tanto sea preciso recurrir en segunda prórroga a los ya existentes desde 2023.
Cuando se prorrogaron las cuentas públicas para el presente año, sindicatos y el socio del Gobierno, Sumar, protestaron porque el Gobierno hacía dejación de sus funciones y no aprovechaba una buena coyuntura económica para seguir con unos Presupuestos expansivos y aumentar el gasto público, sin poner en más riesgo el cumplimiento de los compromisos con la Unión Europea. En aquel momento el motivo para ir a la prórroga presupuestaria fue la convocatoria de las elecciones catalanas y que no hubiera dado tiempo de redactar el proyecto en su momento por la tardanza en la investidura de Pedro Sánchez. Los resultados de esos comicios y las dudas sobre una hipotética repetición electoral hicieron el resto.
Ahora con la situación de Cataluña aclarada, el Gobierno ha considerado, como lo hizo ya en el mes de junio, que debía presentar el proyecto ordenado por la Constitución. Pero las posibilidades de que pueda sacarlo adelante son igual de malas o peores que antes de las vacaciones de verano, cuando Junts, que ya veía venir el acuerdo entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa al frente de la Generalitat, tumbó los objetivos de estabilidad presupuestaria, que el Gobierno ha de volver a presentar sin garantías de que Junts haya cambiado de opinión. Más bien lo contrario. Ni Junts ni ERC darán su voto a favor de los PGE si antes no se aclara el alcance de la financiación singular para unos y concierto a la vasca para otros, pactado para Cataluña y que levanta ronchas no solo entre las autonomías gobernadas por el PP, que consideran que se está poniendo la primera piedra de una reforma constitucional por la puerta de atrás y es el comienzo del camino hacia una España confederal, sino por los propios partidos nacionalistas que se integran en Sumar que lo ven como un agravio comparativo hacia sus regiones, por no hablar de las reticencias que levanta entre las bases socialistas, Y en el verso suelto José Luis Ábalos.
En otras ocasiones y en otros tiempos, la imposibilidad de que se aprobaran los PGE provocaba un adelanto electoral, puesto que el gobierno de turno no contaba con el principal instrumento para realizar su acción política. Que Pedro Sánchez, como líder de la oposición le dijera a Mariano Rajoy que "un Gobierno sin presupuestos es un Gobierno que no gobierna nada", es una de tantas esas frases que se olvidan cuando es él quien se ve en la tesitura de prorrogar por segunda vez las cuentas públicas de 2023, y que lo haga sin mayor preocupación añadida porque considera que todavía sirven dado su carácter expansivo.
La decisión de presentar el proyecto de Presupuestos Generales para 2025 a pesar de no contar con el apoyo manifiesto de sus socios es una apuesta en la que el Gobierno arriesga muy poco, cumple con el mandato constitucional y deja la pelota en el terreno del resto de los socios de un gobierno que se demuestra que cada vez más que depende del estado de ánimo de los independentistas catalanes, unos muy hostiles por haber sido ninguneados, y otros porque no han confirmado aún si han sido engañados con un caramelo fiscal que el Gobierno no les podrá dar, porque es precisa la reforma de la ley orgánica de financiación autonómica para lo que no cuenta con los votos suficientes, aunque es de suponer que eso ya lo sabían los negociadores del pacto entre el PSC y ERC. Con Presupuestos para 2025, Sánchez tendría asegurada la posibilidad de llegar al final de la legislatura.