La Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados aprobó la semana pasada tanto la exención de la burocracia de la Ley de Desperdicio Alimentario para la inmensa mayoría de las explotaciones agrarias, como la elevación jerárquica de la AICA y un nuevo mecanismo de determinación de la representatividad agraria abierto, objetivo y democrático.

El proyecto de ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario pasó su primer examen en la Comisión de Agricultura del Congreso. El texto contemplaba la obligación para todos los operadores de la cadena, incluidos agricultores y ganaderos, de contar con un plan para gestionar los desperdicios conforme a una jerarquía de destinos (donaciones, transformación, alimentación animal, subproductos y residuos), así como llegar a acuerdos para donar sus excedentes a entidades sociales. Ello supondría una carga más de papeleo y costes que penaliza doblemente a las explotaciones agrarias que no pueden comercializar parte de su producción por cuestiones de mercado, normas de calidad u otras causas. Para evitarlo Unión de Uniones presentó una propuesta de enmienda, aprobada por mayoría suficiente, para liberar de esas obligaciones a las pequeñas y microempresas, es decir, aquellas que ocupan a menos de 50 empleados y tienen un volumen de negocio de menos de 10 millones, lo que supone la práctica totalidad de las explotaciones.

Por otro lado, la Comisión aprobó también un nuevo sistema de determinación de la representatividad de las organizaciones agrarias. Se trata de un mecanismo abierto, que tiene en cuenta en primer lugar los resultados de las elecciones autonómicas  (allí donde se celebran) y la implantación de las organizaciones donde aún no hay elecciones. La organización subraya también el refuerzo jerárquico de la AICA, que la dota de más competencias y recursos para actuar contra los incumplimientos de la Ley de la Cadena.