El Levante quiere que CLM no pueda usar el agua del trasvase

C.S.R.
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El memorándum en defensa del Tajo-Segura, firmado por el Ministerio, Murcia y Levante, plantea la derogación de la disposición que permitía a la región hacer uso de la infraestructura

El Levante quiere que CLM no pueda usar el agua del trasvase - Foto: Rebeca Serna

La letra pequeña del memorándum en defensa del Tajo-Segura, firmado esta semana por el Ministerio de Agricultura y las comunidades de Murcia y Valencia, podría traer consigo un ataque directo hacia los intereses de Castilla-La Mancha. En concreto, el séptimo punto del documento al que ha tenido acceso La Tribuna plantea la «posible derogación de la disposición adicional primera de la ley 11/2005», es decir, de la ley del PSOE que modificó el Plan Hidrológico de José María Aznar. Una normativa que, en este punto exacto, permite «que Castilla-La Mancha pueda utilizar también el agua y la infraestructura del Acueducto Tajo-Segura», además de apuntar la «revisión a futuro» de los volúmenes trasvasables desde la cabecera del Tajo.

Otra propuesta que también podría suponer un giro radical en el actual status quo del agua, es el requerimiento de una revisión de la legislación actual «con la finalidad de mejorar los procedimientos de cesión de derechos, buscando la satisfacción de todos los interés y ámbitos competenciales afectados». Aquí, las plataformas en defensa del Tajo ven clara la intención del Levante de permitir la compra de derechos de uso de agua del Tajo por regantes del Segura. Derechos de agua que, como dicen, se irían directamente desde la cabecera del río a la tubería hacía el Levante. Lo consideran «un fraude de ley» en toda regla.

cambiar las reglas. Asimismo, este memorándum sentaría las bases para una «adaptación» de la Ley de Regulación del Régimen Económico de la Explotación del Tajo-Segura, fechada en 1980. Y es que, como dice el documento manejado por este diario, el objetivo no es otro que «el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura y de una actividad agraria segura y sostenible». Un objetivo, aseguran, «estratégico y socioeconómico de primer orden para el Estado, cuya permanencia debe quedar garantizada».

En este sentido, llama la atención la demanda de actualizar también las reglas de explotación del trasvase al Segura, «conforme a las nuevas determinaciones de la planificación hidrológica del Tajo». El Levante requiere al Ministerio la revisión anual de estos «mecanismos de aplicación autonómica» para garantizarse para sí el agua del Tajo tanto en situación «de alerta» (sequías) como ordinarias. O lo que es lo mismo, siempre que lo requiera.

 Esta posible revisión anual de las reglas del trasvase podría, de facto, anular cualquier mejora para el río generada por el nuevo plan de cuenca del Tajo, que previsiblemente se aprobará a final de año.

Demandas todas que el Levante justifica en la «potencial variación de volúmenes» trasvasados y en el hecho «de que se superpongan a una situación ya de por sí desfavorable, caracterizada por la precariedad de los aprovechamientos para riego, y por las incertidumbres que como consecuencia del aumento natural de las demandas del Tajo, de la reducción de aportaciones de cabecera y de los posibles efectos del cambio climático, se generarán tanto a corto como a largo plazo».

Cabe recordar que este acuerdo fue suscrito el pasado martes en Madrid por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, y los consejeros de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia, José Císcar y Antonio Cerdá respectivamente. El Gobierno de Castilla-La Mancha no acudió a la citada reunión ni ratificó con su firma las demandas del Levante.

Grupo de trabajo. A partir de ahora, se ha constituido un grupo de trabajo coordinado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) e integrado por representantes del departamento y de las comunidades autónomas firmantes (Comunidad Valenciana y Región de Murcia). Según Francisco Ramos, en este foro de debate y análisis se hablará de la gestión del agua, y sus propuestas «serán tenidas en cuenta e incorporadas las que mejor convengan».

Las propuestas serán entregadas en un plazo máximo de tres meses, tras la firma de este Memorándum, a la Administración General del Estado, que tendrá el mismo período de tiempo para iniciar la tramitación de las actuaciones que corresponde a la vista de las propuestas que se realicen.