El colectivo de jueces está sorprendido por la vía que han encontrado los separatistas para meterse con ellos, el llamado lawfare, -le han puesto nombre ingles para suavizar el contenido-, y de paso alguno, no separatista y supuestamente institucional, se sube en el carro y empieza a despotricar porque le viene mal una actuación judicial.
Se agradece que el gobierno no haya secundado la actuación de la Ministra en sus declaraciones contra García-Castellón, que no se si ha sido espontanea o un aviso a navegantes. En todo caso donde las dan las toman. Las declaraciones de nuestra ínclita Ministra han generado todo tipo de críticas de las asociaciones judiciales, porque la independencia judicial es uno  de los pilares de la democracia. 
Los jueces son el tercer poder, y, desde la declaración de derechos de los EE.UU. y después en la revolución francesa deben estar separados del poder ejecutivo. Cuando el poder ejecutivo se salta una norma que sufren los administrados solo existe la defensa del poder judicial. Esa es el alma de la separación, y vale para todos. Ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Otegi que le ha librado a éste de una buena, y obliga a repetir el juicio contra él en la Audiencia Nacional, anulando el juicio. Mensaje: los jueces son independientes, y aunque les caiga mal el Sr. Otegi, como nos cae mal a casi todos los españoles, han protegido a Otegi de un posible error judicial. Han aplicado la ley mal que les duela a título personal. Ese es el ejemplo más reciente de la independencia judicial.
Sin embargo aparece en escena otro caso, el de la apertura de un procedimiento contra Puigdemont por parte del Sr. García-Castellón. Este es otro caso de independencia judicial, que en caso de error ahí están los recursos, los Tribunales superiores para corregirlos, y toda una vía de defensa del ínclito delincuente. ¿Para qué insultar a los jueces alegando que siempre se decantan hacia un lado de la raya si además es mentira? El aviso a navegantes no tendrá sino el efecto contrario, y además las declaraciones de la Ministra carecen del más mínimo respaldo. El Sr. García-Castellón no se decanta hacia ningún sitio, aplica la ley y punto, como lo demuestra que fue el instructor de múltiples causas contra el PP o miembros del PP. Les recuerdo que fue el instructor del caso Púnica, donde estaban implicados el alcalde de Valdemoro, del PP, Francisco Granados, nº 2 de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid del PP también, el presidente de la diputación de León, también del PP, y otros cargos del mismo partido. También fue el instructor del caso Lezo por corrupción en el Canal de Isabel II, donde también estaban implicados miembros del PP como Ignacio González, el del apartamento 'delaware', y otros. Hay más casos pero no tengo sitio para citarlos.
¿Qué implica esto? Que la Ministra no tiene razón, que el Sr. García-Castellón le da igual que un posible delincuente sea del PP, de Junts o de dónde sea. ¿Y por qué ha salido el asunto a la palestra ahora? Porque el Fiscal ha presentado un escrito en el que el Sr. García-Castellón se tenía que decantar en un plazo, no porque se le ocurriese ahora, y el Fiscal depende jerárquicamente del gobierno, o sea, una opinión judicial independiente y en el momento que la ley procesal le obligaba a pronunciarse. En la época de Felipe González los jueces dirigieron muchos asuntos contra Ministros, directores generales, etc., y el gobierno se calló asumiendo la independencia judicial. Un ejemplo a seguir.