Hay en Melilla un hombre con más de 800 vehículos y una docena de embarcaciones a su nombre. No es, ni mucho menos, un coleccionista o un rico millonario, sino una de las diferentes piezas que las mafias mueven en su particular tablero del tráfico de drogas y de migrantes desde Marruecos hacia Europa.

La Guardia Civil le sigue la pista en las actuaciones que lleva realizando en su lucha contra el narcotráfico y la migración irregular en los últimos tres lustros en Melilla, según han informado fuentes de la Benemérita. Y no es el único: hay más de una decena de individuos que aparecen en los registros como titulares de más de 200 vehículos en la ciudad autónoma.

Entre unos pocos acumulan en este enclave español alrededor de 3.500 coches, pero el que tiene más de 800 llama poderosamente la atención sobre el resto. No solo por la amplitud de su patrimonio automovilístico, sino por las propias características del individuo.

Y es que este hombre, español y residente en Melilla para más señas, carece de trabajo conocido y se le podría considerar como politoxicómano. Por si fuera poco, acumula una deuda superior a los 30.000 euros por impago del impuesto de circulación de todos los coches que están a su nombre.

Las piezas no encajan y los investigadores se han encontrado con una cruda realidad: poco pueden hacer para que el hilo del que tiran les lleve a buen puerto, pese a ser conscientes de que tienen ante sí a elementos básicos para las mafias porque les permiten perfeccionar sus tácticas delictivas.

Es así porque gracias al papel de estos eslabones intermedios de la cadena, que se prestan con ánimo de lucro a constar como titulares de los vehículos y embarcaciones utilizados para pasar migrantes, los responsables de las mafias se garantizan su impunidad y la continuidad de su negocio ilegal transfronterizo.

Sin embargo, tampoco la Administración o la Justicia pueden evitar «ese continuado deseo de figurar como titular de cualquier tipo de embarcación» o múltiples vehículos que pudieran generarles beneficio económico, dado el vacío legal que existe en torno a esta circunstancia.

10.000 euros por entrar

Este asunto encendió recientemente un intenso debate en unas jornadas universitarias de Derecho y Guardia Civil, donde juristas y agentes coincidieron en la necesidad de poner fin a la paradoja de no poder actuar ante lo que se considera una evidencia por falta de herramientas legales a su alcance.

Un resquicio para los grupos criminales que siguen adelante con su lucrativo negocio de pasar de Marruecos a Melilla a seres humanos desesperados por llegar ?a Europa, antes en dobles fondos de vehículos, ahora en veloces embarcaciones utilizadas para el narcotráfico que nada tienen que ver con las precarias pateras de antaño.

Cada viaje clandestino se traduce actualmente en el cobro de más de 10.000 euros, un billete demasiado caro que, sin embargo, siempre tiene numerosos candidatos dispuestos a pagarlo. 

Hasta marzo de 2020, el doble fondo acondicionado en coches era el modus operandi más habitual para estas redes, que se toparon, de repente, con un cierre fronterizo inédito, inimaginable para nadie, forzado por la pandemia de la Covid-19.

Un bloqueo de las fronteras terrestres que terminó con un goteo incesante de entradas irregulares de migrantes escondidos en automóviles, que entre 2010 y 2020 se elevó a cerca de 1.500, la mayoría subsaharianos que optaban por esta vía, previo pago de unos 4.000 euros.

El hecho de que la frontera estuviera cerrada no frenó, sin embargo, a los grupos criminales que fomentan la inmigración irregular con destino a Melilla o la península, asentados a caballo entre la provincia de Nador (Marruecos) y la ciudad autónoma, que derivaron su negocio a la vía marítima con embarcaciones de recreo, prácticamente triplicando el precio.

Un comercio demasiado lucrativo, ahora enfocado a migrantes marroquíes que no pueden pasar la frontera terrestre por las mayores exigencias documentales desde su reapertura hace dos años, y en el que también han empezado a meter cabeza las organizaciones de narcotraficantes con sus lanchas de alta velocidad, casi imposibles de neutralizar en su objetivo de llegar a las costas norteafricanas o andaluzas.

Como apuntan desde la Guardia Civil, todo ello requiere una importante flota de embarcaciones o de automóviles y, a su vez, personas dispuestas a figurar como sus titulares, subordinadas de quienes realmente manejan los hilos, aunque sea a costa de no pasar desapercibidas en los registros oficiales.

Sin embargo, ese es el menor de sus problemas, también para el resto de miembros de las mafias, conscientes de que el delito de enriquecimiento ilícito que España estrenó el año pasado abarca solo a los cargos públicos, dejando fuera a los particulares. Un vacío legal convertido en agujero por el que en Melilla se sigue colando el negocio de la inmigración irregular.