Donald Trump vuelve de nuevo a copar toda la atención mediática como hiciera habitualmente en sus tiempos de inquilino de la Casa Blanca, aunque en esta ocasión el motivo podría costarle muy caro: la investigación abierta sobre él para aclarar si sustrajo documentos clasificados está polarizando aún más la política del país. Y todo cuando faltan menos de tres meses para unas elecciones de medio mandato que serán claves y que están en el punto de mira del expresidente, de cara a un posible regreso al poder.
La número dos del Gobierno, Kamala Harris, calificó ayer de «peligrosa» e «irresponsable» la postura de los republicanos, que han denunciado una persecución política detrás del registro ejecutado por el FBI el pasado lunes en la mansión de Trump en Florida. Harris reivindicó que los agentes hacen «un trabajo muy importante» y condenó que los republicanos hayan asumido «una retórica que expone a las fuerzas del orden».
Un hombre fue abatido el pasado jueves al intentar entrar armado en la sede local del FBI en la ciudad de Cincinnati (Ohio), un incidente que los demócratas han vinculado a las críticas vertidas por los republicanos en contra de la actuación policial en la casa del magnate.
El registro tuvo lugar en la mansión de Mar-a-Lago que tiene el expresidente en Florida, donde los agentes buscaban documentos clasificados que se habría llevado ilegalmente al dejar el cargo.
La Casa Blanca sostiene que se trata de una investigación independiente llevada a cabo por el Departamento de Justicia y que el presidente, Joe Biden, se enteró por la prensa de la redada. Pero los republicanos y el mismo Trump han denunciado una persecución política de cara a las elecciones intermedias de noviembre, en las que los demócratas podrían perder la mayoría en el Congreso.
Ante el revuelo generado, el fiscal general del país, Merrick Garland, pidió al juez que publicara la orden de registro de la mansión, algo que Trump no objetó. En ella se indica que al expresidente se le investiga por la posible comisión de tres crímenes: violación de la Ley de Espionaje, obstrucción de la Justicia y destrucción de documentos, que, en caso de condena, podrían conllevar desde multas hasta penas de prisión e inhabilitación para cargos públicos.
Por su parte, el inventario de lo requisado por el FBI muestra que entre la documentación figuran 26 cajas etiquetadas cada una con un número, así como varias carpetas y fotos con las etiquetas de «alto secreto» o «confidencial».
Nombres conocidos
Entre ellas aparece un texto bajo el título «Presidente de Francia» y otro sobre la petición de indulto de Roger Stone, confidente de Trump, así como numerosos papeles sin descripción.
La orden aprobada por el juez de Palm Beach Bruce Reindhart fue firmada el pasado día 5, 72 horas antes de la redada, y daba al FBI de plazo hasta el 19 de este mes para efectuar el registro. En ella se otorgaba poder a los agentes para requisar cualquier documento o caja con marcas de «clasificado» y cualquier archivo presidencial creado entre el 20 de enero de 2017 y el 20 de enero de 2021.
Trump se defendió en su propia red social, Truth, al asegurar que «en primer lugar, todo estaba desclasificado. En segundo, no necesitaban incautarse de nada. Lo podrían haber conseguido en cualquier momento.
Además, acusó al expresidente Barack Obama (2009-2017) de haberse llevado también millones de documentos al dejar la Casa Blanca, algo que desmintió después la Administración de Archivos Nacionales en un comunicado.