El Gobierno regional ha estimado 45 de las 49 solicitudes de ciudadanos de la región que han solicitado a la Consejería de Sanidad su derecho a morir dignamente. Se trata de personas que han pedido en plazo y con todas las garantías este proceso, que es «bastante complejo y muy garantista», señaló a La Tribuna la directora general de Humanización, Maite Marín, por lo que «el número de solicitudes es distinto del número de casos en los que se realizó esta ayuda hasta el final». «Es un proceso de acompañamiento, de cuidados y de respeto por la voluntad de las personas en un momento crucial de su vida, en un momento más de su vida y de los profesionales que les van a acompañar». Por este motivo, de esas 45, «no en todos los casos se han culminado», por lo que hay algunas en trámite y otras que no han llegado al final del proceso. 

Con los pocos datos existentes, la estadística marca una curva ascendente. Según los datos oficiales del Ministerio, solo hubo una solicitud de junio a diciembre de 2021, los primeros seis meses después de que se aprobara la ley. Para las cifras de 2022 es necesario acudir a la asociación Derecho a Morir Dignamente, porque no se ha publicado el informe oficial del Gobierno de España. Ahí señalan que hubo 28 solicitudes en toda Castilla-La Mancha, de las que ocho culminaron en eutanasia, aunque hay otras fuentes, un informe del Gobierno de Navarra, que indica 16 solicitudes y siete personas que dieron fin a su vida. Este año, según estos datos habría 21 solicitudes. La última de las personas que concluyó el proceso es un ciudadano de un municipio de la provincia de Ciudad Real, que decidió cumplir con este derecho en su casa, con el acompañamiento de su familia y los sanitarios. 

«Esto no es una estadística», señaló Marín, apuntando que «esto es un proceso de acompañamiento a la familia, a la persona que lo solicita, a los propios profesionales que se ven implicados en un momento u otro del procedimiento». Hay que tener en cuenta que la iniciativa cuenta con «una comisión de evaluación y garantías» que es la encargada de «supervisar todo el proyecto y asegurarse de que en todo momento se cumple estrictamente la normativa y todos los protocolos de desarrollo». Se trata de un organismo en el que hay profesionales de múltiples disciplinas como filósofos, psiquiatras y médicos.

Marín recordó que existen múltiples opciones para estos pacientes. Por ejemplo, hay quien prefiere «un acompañamiento en el domicilio» y otros en el hospital. «Es posible que se hayan realizado en otra provincia y no en un determinado hospital o que se realicen en domicilio porque el propio paciente prefiere ese entorno más cercano, más íntimo, se siente apoyado y acompañado por su familia y lo prefiere así», aunque lo haya solicitado en su médico de otra provincia. La intención es «garantizar la privacidad del paciente». 

Marín recordó que a estas solicitudes se pueden unir un número indeterminado de personas que en su declaración de voluntades anticipadas pueden haber dejado escrito que «si en algún momento era legal algún tipo de aplicación de eutanasia» se le aplique si no está en condiciones de solicitarla por sí mima. Esto, dijo Marín, muestra la clave en el derecho a la eutanasia: «La persona tiene que estar en ejercicio de pleno uso de sus facultades» y no se puede derivar esa solicitud a otros. «Entonces, en este momento, hablamos de 49 peticiones, pero puede haber cientos de personas que han manifestado su deseo».