Izquierda Unida va a tomar cartas en el asunto de la apertura de juicio oral contra el alcalde de Cazalegas, su correligionario Amando Blanco, por una presunta prevaricación al haber paralizado una serie de multas de tráfico a familiares y amigos suyos. Eso sí, la formación empezará por pedir explicaciones al propio afectado antes de adoptar alguna posible medida disciplinaria en su contra.

Según ha explicado el coordinador provincial de IU, Alejandro Ávila, en esta semana está prevista una sesión  de la ejecutiva provincial del grupo que se aprovechará para mantener una reunión con el regidor y que éste dé detalles del caso que le ha situado a las puertas del banquillo de los acusados y su situación procesal. Una vez que se cuente con la versión del implicado y se obtenga toda la información disponible del asunto, la Ejecutiva provincial propondrá a los órganos superiores de IU una resolución, «si es que se tiene que tomar», sobre la continuidad o no de Blanco en sus filas. «Estamos en fase de analizar todos los datos, los que ya tenemos y los que nos van a proporcionar», explica Ávila.

La frontera entre prevaricación y corrupción.

Aún así, Ávila aclara que el hecho que llevaría a considerar la presunta prevaricación de Blanco como una posible corrupción sería que éste se hubiera lucrado con ella. Y entiende que este límite no se han pasado. «Para que esto entrara en un supuesto de corrupción debería ser una prevaricación con ánimo de lucro. Aquí hablamos de otra historia, por lo que yo conozco», comenta destacando que no se ha constatado que el alcalde se beneficiara económicamente con la paralización de multas a familiares y amigos.

El responsable de IU, al igual que Blanco, enmarca este asunto en el conflicto laboral previo que estalló entre el alcalde y sus policías locales, que promovieron este procesamiento con el apoyo de la Fiscalía. Aún así, pedirán al alcalde que especifique diversas cuestiones en torno a esta querella como «el número de denuncias del que estamos hablando y cómo se ha sucedido esto».

Ávila no descarta que el hecho de que se pasara el plazo para imponer las multas objeto de esta polémica pueda deberse a «un error», motivado por una reclamación de los sancionados. Pero añade que «estas informaciones las tenemos que cotejar».