A inicios del mes de marzo el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana anunció la adjudicación por 3,6 millones de euros del carril bici para la TO-23, la vía que actualmente une los barrios de Santa Bárbara y el Polígono y que tantas veces es noticia por los atascos que sufre diariamente. La intrahistoria de esta actuación reside en que dichas obras para convertir el entorno de la vía en un espacio más urbano y con una movilidad más sostenible incluyen que a cambio de efectuarlas el Ministerio, el Ayuntamiento debía asumir el mantenimiento y la conservación de los siete kilómetros de la misma que fluyen por su término municipal.

Un acuerdo que se firmó en la pasada legislatura y que, según las primeras estimaciones técnicas del momento, supondrán un coste a asumir de al menos medio millón de euros al año para el Ayuntamiento de Toledo. Unos costes que el actual equipo de Gobierno no está muy dispuesto a asumir, pero de lo que parece que no tendrá alternativa.

Los orígenes de este convenio se fijan en el verano del año 2022, cuando la Corporación anterior somete esta cesión del vial a la opinión de sus técnicos y obtiene dos informes. Por un lado, el del área de Urbanismo, de caracter favorable, porque considera que la propuesta de humanización de la TO-23 cumple con su objetivo de comunicar los dos barrios con criterios de movilidad sostenible. Sin embargo, los problemas acucian en el informe desfavorable realizado por el área de Obras, Infraestructuras y Medio Ambiente, ya que alegó que «no se tiene en cuenta para nada la transformación en vial urbano, lo que hará que se mantengan los tráficos de conexión entre la A-42 y la TO-23, de carácter supramunicipal (regional y estatal), soportando el tráfico y asumiendo el mantenimiento y conservación del viario, en las mismas condiciones en las que se encuentra actualmente». Añadiendo además la estimación económica de no menos de medio millón de euros anuales para su mantenimiento y conservación.

Pese a obtener dichas observaciones técnicas, el área de Gestión Administrativa y Servicios Generales del Ayuntamiento respondió a las mismas aportando datos de tráfico del año 2018 (en los que aún no se había inaugurado el Hospital Universitario) en los que el tramo completo a asumir por la administración local albergaba más de 54.000 vehículos diarios. Sin embargo, al medir el tránsito del tramo final de esos siete kilómetros a asumir señalaron que de esa cifra total 47.000 no salen del barrio de Santa María de Benquerencia, concluyendo que «del resultado arrojado por los datos objetivos recogidos por las estaciones de aforo, no parece que haya discusión posible sobre la calificación de claramente urbano del tráfico en la zona».

Expuesto esto,  el Ayuntamiento determinó entonces aceptar la cesión a cambio de esta obra al valorarla favorablemente desde el punto de vista patrimonial y al estimar que contribuirá a la descarbonización de la movilidad urbana y la mejora de la calidad del aire a través de la potenciación de los modos de transporte alternativos.

El proyecto del Ministerio también contempla la construcción de una pasarela peatonal de un lado a otro de la calzada que se ubicará entre las calles Río Marches y Río Arlés y sobre el falso túnel o paso inferior soterrado de esta misma ubicación.

La obligación del mantenimiento de la TO-23 no se hará efectiva para el Ayuntamiento hasta la ejecución y recepción del proyecto del carril bici.