El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) detectó durante el año pasado un total de 52.548 dispositivos con acceso a internet vulnerables en la provincia. En el conjunto de España, se contabilizaron casi 4,2 millones de instrumentos en situación de riesgo. El informe Balance de ciberseguridad considera endebles a aquellos «puntos de conexión a internet que han sido detectados como potencialmente expuestos, comprometidos o vulnerables» y considera que tales artilugios «pueden estar afectados por algún software malicioso, mal configurados o expuestos en internet de forma no deseada». Los datos referidos a 2022, mostraban 51.390 dispositivos con debilidades de protección detectadas, lo que supone un incremento del 2,3% interanual.

La posibilidad de que las brechas de seguridad deriven en incidentes es uno de los principales riesgos que afrontan ciudadanos y empresas en el mundo virtual. Incibe contabilizó 83.517 episodios durante 2023 en todo el territorio nacional, un 24% más que el año anterior. El dato, sin embargo, no se ofrece desagregado por provincias. El estudio considera un incidente a «cualquier problema digital que ponga en riesgo los datos o la seguridad de los dispositivos, como, por ejemplo, un virus informático».

Algunas de las actividades telemáticas fraudulentas más comunes son el phishing (suplantación de la identidad de empresas o administraciones para solicitar, a través del correo electrónico, información bancaria o personal), el vishing (el mismo tipo que el anterior, pero a través de una llamada telefónica), el smishing (idéntico patrón, pero a través de un mensaje de texto), o el pharming (un ataque que consiste en redirigir al navegante hacia páginas malignas). El ransomware, por su parte, implica el secuestro de datos online como forma de extorsión al ciudadano, las empresas o las administraciones públicas.

Otros ciberdelitos habituales son los atentados contra los archivos almacenados en soportes online, la defraudación en las telecomunicaciones (por ejemplo, con la conexión a redes wifi particulares sin permiso del titular) o los ciberdelitos contra la intimidad -mediante el espionaje o la filmación no autorizada.

La provincia, según los datos de Incibe relativos a diciembre de 2022, contaba con siete empresas de ciberseguridad activas, una cifra inferior a las de las vecinas provincias de Albacete (13), Ciudad Real (12) y Guadalajara (10). Madrid, con 584 compañías dedicadas a tales fines, encabeza esta clasificación.

BRECHAS DE SEGURIDAD. Durante los dos primeros meses del año, el Ayuntamiento de Mora ha sufrido un ciberataque que se ha saldado, según la información remitida por la Administración local, con la consulta fraudulenta y no autorizada de millar y medio de expedientes, incluidos informes policiales y nóminas de los trabajadores municipales. La intromisión ha sido denunciada ante la Agencia Española de Protección de Datos.

En el caso de los menores, las mayores problemáticas están relacionadas con el ciberacoso o los ataques contra la privacidad y la reputación. 

El Ministerio del Interior, a través de su estadística anual de criminalidad, contabilizó 7.228 infracciones en el entorno digital en la provincia durante 2023, aunque algo más del 87% de todos los casos correspondieron con estafas, un capítulo relacionado principalmente con la actividad comercial.