Profesionales del sector de la Sanidad han exigido más seguridad para evitar agresiones al personal que trabaja en centros hospitalarios y sanitarios del país, de la comunidad autónoma y del Área Integrada de Talavera. Se trata de una reivindicación que, como ha explicado a La Tribuna Jorge Curiel, secretario técnico de Salud Laboral de CESM a nivel nacional y regional, es más que necesaria ya que «día a día» se sufren amenazas y agresiones entre el personal sanitario.
Unas agresiones que, para Curiel, se deben «a la situación de crispación que hay en la Sanidad y a que no se dotan las medidas adecuadas para proteger a los profesionales».
En lo que respecta a los datos oficiales de agresiones a profesionales de este sector que se dan tanto por el Ministerio como por la Organización Médica Colegial, el representante de CESM ha querido recalcar que «realmente reflejan una parte muy pequeña de la realidad de cada día». Así, ha señalado que a ese nivel «solo llegan los temas más graves» pero «el día a día de los profesionales es vivir un conflicto permanente por la situación que hoy día tiene la sanidad». Al respecto, ha apuntado al «déficit de recursos» y las «sobrecargas que hay en la Atención Primaria y las lista de espera de la especializada».
Un «déficit» que para el representante sindical «pagan los profesionales sanitarios porque al fin y al cabo a quien el paciente o sus familiares tienen delante es a ellos» pese a que deberían «tener garantizada su salud por ley».
Además, ha precisado que, en función de la zona en la que desempeñen su actividad, hay profesionales que están «totalmente abandonados». De hecho, ha apuntado que la mayoría de agresiones se dan en el ámbito de la Atención Primaria porque allí «el médico, la enfermera, el auxiliar están solos en su centro de salud, en su consultorio, sin ninguna medida de prevención que pueda garantizar su seguridad».
En los hospitales, ha apuntado, sí hay personal de seguridad y están en municipios dotados de Policía Local y Nacional, mientras en el resto de los casos, «muchos pueblos solo cuentan con Guardia Civil, que cada vez hay menos y son parejas que están para una amplia zona geográfica».
Asimismo, ha señalado que también se registran más agresiones a mujeres que a hombres, algo que, para Curiel responde al hecho de que cada vez más las profesiones sanitarias, a excepción de la de Enfermería puesto que ya estaba feminizada, se han extendido a otras profesiones como la Medicina, que antes eran mayoritariamente varones los que la ejercían» yen la que ahora «más del 70% son mujeres».
No obstante, todo ello pone de relieve en definitiva «la falta de medidas de protección» que es lo que se quiere denunciar coincidiendo con esta fecha, en la que se hace hincapié en que por parte de la administración competente «no se ponen las medidas adecuadas».
El representante de CESM ha señalado que desde el sector desconocen «por qué mientras otros colectivos profesionales con mucha menos valoración positiva por parte de la población no sufren agresiones», ellos sí, y lo achaca a que los sanitarios, al contrario que los anteriores, no disponen de «las medidas de protección adecuadas para evitarlo».
Como ejemplo, se ha referido a la agresión registrada el pasado febrero en el centro de salud de Torralba de Calatrava (Ciudad Real), «donde se apuñalaba a una médica» y al caso que se produjo en Santa Olalla, donde dos sanitarios fueron agredidos en mayo de 2022 cuando atendían a un paciente en su domicilio.
Por todo, Jorge Curiel ha insistido en la obligación de que se pongan «todas las medidas necesarias», entre ellas vigilantes de seguridad, cámaras de videovigilancia, botones antipánico o de alarma, entre otros. «Es una obligación para las administraciones públicas y para cualquier empresa, pero mucho más para un servicio de salud y no las están adoptando, y por eso las agresiones siguen ocurriendo y seguirán mientras no pongan las medidas adecuadas», ha recalcado. Asimismo, ha abogado por que sea el propio servicio de salud el que se persone contra el agresor y no como sucede ahora, que debe ser el propio profesional sanitario, algo que acarrea más problemas, en especial en las zonas rurales porque «se extiende el conflicto» a su entorno.