«El Estado debe seguir apostando por la lucha contra la violencia de género y seguir aportando los medios necesarios, por lo que hoy más que nunca es imprescindible que los partidos políticos dejen a un lado sus diferencias con el fin de reeditar tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado un pacto de Estado que, como el de 2017, nos permita seguir siendo punta de lanza a nivel internacional en esta materia». Así de claro lo ha expresado en su informe la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, tras la publicación de los datos  anuales sobre una problemática muy arraigada que se está encontrando de frente una Justicia que aprueba con nota, «una maquinaria que se pone en marcha cuando llega una denuncia por delitos relacionados con la violencia de género que ha alcanzado un elevadísimo nivel de eficacia». 

En líneas generales, la estadística  recientemente publicada por el Observatorio, dependiente del Consejo General del Poder Judicial, confirma un aumento de cifras si se toma como referencia 2023 en relación a 2022. En este caso, resalta el incremento del 10% del número de víctimas del que tienen conocimiento los juzgados españoles. En la misma línea se sitúa Toledo, con 2.160 mujeres víctimas, un, 3,1% más que en 2022. Por tanto, el año pasado se sumó a la tendencia de aumento que se estrenó en 2013 y únicamente se rompió en 2020 por efecto de la pandemia de covid. 

En una situación similar se encuentran las denuncias. Los juzgados toledanos recibieron 2.360 denuncias el año pasado, 41 más que el anterior, lo que supone un 1,8% de incremento. Como suele ser habitual, la mayoría de las denuncias son presentadas por las víctimas, normalmente mediante atestado policial, salvo las 32 denuncias interpuestas directamente en 2023. Si bien, la asignatura pendiente sigue siendo las denuncias presentadas por el entorno de la víctima, ninguna presentada directamente al juzgado y 26 de las familias a través de atestado policial. Tanto es así que la presidenta del Observatorio hace un llamamiento a familiares, amigos y compañeros de trabajo subrayando además «que una llamada a tiempo de cualquiera de ellos puede ser crucial para salvar a una víctima».

Una lectura más a fondo refleja que la mayor parte de las víctimas que se atreven a contar su situación y acudir a los tribunales son españolas, ya que el año pasado los juzgados contabilizaron 2.160 mujeres víctimas, de las cuales 1.580 eran españolas y las 580 restantes extranjeras.

Esta radiografía de la violencia machista del Observatorio suele acompañarse siempre de las dispensas, es decir, la renuncia de las víctimas a declarar durante el procedimiento, un derecho reconocido al que pueden acogerse que complica la acción judicial. En este caso, el año pasado se registraron 185 dispensas, un 4,5% más que en 2022.