«Ninguna preocupación», dicen en Moncloa. Pues tienen motivos para estarlo, porque hay dos jueces trabajando para desentrañar la maraña de datos que tienen sobre la mesa. Por otra parte, la mayoría de lo que hasta ahora parecían ser solamente indicios, se están convirtiendo en pruebas con soporte de grabaciones que obligan a poner la sospecha sobre el círculo más próximo del presidente. Incluso sobre el propio Sánchez. Por mentir -lo que ya no sorprende- y porque estaría al tanto de algunos de los asuntos que se encuentran en este momento bajo investigación judicial. 

La UCO de la Guardia Civil ha elaborado informes demoledores para el jefe del Ejecutivo, precisamente por su conocimiento de aspectos oscuros protagonizados por dirigentes del llamado sanchismo. Y, como actor principal de la presunta trama delictiva, nada menos que su mano derecha durante años, su hombre de confianza al que hizo secretario de organización del PSOE. Le nombró también ministro de Fomento, la cartera con mayor presupuesto, lo que permite acumular enorme poder.

Durante el último año, Ábalos ha estado en el foco de la política nacional. Todos los medios se han hecho eco de actividades que podrían ser delictivas, y resuenan las palabras que se le adjudican a Sánchez que, cuando se le preguntó reiteradamente por las razones por las que había prescindido de él en el Gobierno de forma fulminante, este respondió algo así como «él sabe por qué». 

Ábalos y su asistente para todo, Koldo García, han copado la política española durante varios meses, pero es de justicia reconocer que han sido fundamentalmente cuatro medios de comunicación, los digitales The Objective, Vozpópuli y El Debate, más el periódico El Mundo, los que han realizado una investigación exhaustiva sin dejarse vencer por las presiones y por la campaña que sufrieron desde Moncloa. Hubo también intentos de recusar al juez Peinado cuando inició las indagaciones pertinentes para averiguar el papel de la esposa de Sánchez en un posible tráfico de influencias para financiar sus actividades privadas. Ante esa nueva situación en la que surgió el caso Begoña, el presidente del Gobierno utilizó toda la artillería para neutralizarlo, con la utilización de la Fiscalía General del Estado y su Abogacía. 

Añadiendo además una feroz campaña de desprestigio contra quienes publicaban noticias sobre la presunta trama, estos medios incrementaban el número de personalidades implicadas y ofrecían pruebas documentales incuestionables. Investigación no hubo mucha, en el sentido estricto de la palabra. Pero sí un puñado de periodistas que no se achantaron ante las amenazas, que tenían fuentes excelentes y recibieron de ellas pruebas contundentes sobre la escasez de trigo limpio en determinadas esferas del poder. Estas demostraciones provocaban la misma reacción en Moncloa y en las terminales sanchistas: fango, bulos, insidias e infamias. 

La inquietud empezó a advertirse en los socios del Gobierno, y con el tiempo se trasladó a dirigentes regionales. No solo García-Page y Javier Lambán marcaban distancias con Sánchez, sino que otros barones socialistas empezaron a removerse en sus despachos, para acabar expresando su posición contraria a algunas de las que se tomaban en Moncloa.

El conseguidor

Esta semana se vino abajo la «teoría del fango». Anteayer, los medios mencionados aparecieron con titulares que, encajados unos en otros, desenmarañaban la madeja y salía a la luz la trama de corrupción que se ha movido bajo la sombra del poder sanchista. Presuntamente. Hay que respetar la presunción de inocencia, aunque importantes dirigentes socialistas no lo hagan en otras familias ideológicas. 

Las pruebas conocidas estos días son muy contundentes. Víctor de Aldama, conocido empresario, era un importante comisionista, un conseguidor que se acercó a José Luis Ábalos cuando era ministro de Fomento, entablando amistad también con Koldo.

Han salido a la luz varios negocios compartidos entre ellos, con Aldama como mediador recibiendo a cambio millones de euros, y con importante beneficio para el exministro de Transportes.

Varios han sido los sectores en los que se han movido: la compra de mascarillas durante la pandemia, la intervención para que Duro Felguera cobrara una deuda del Gobierno de Venezuela, la mediación para que comercializadoras de hidrocarburos recibieran atención del Ejecutivo y, por último, que Moncloa aceptara el rescate de Air Europa por una suma total que superaba los 800 millones de euros.

Este último asunto es el que más complica a Sánchez, porque afecta a su mujer. El entonces CEO de la compañía aérea, Javier Hidalgo, patrocinó uno de los másteres de Gómez en la Complutense, y la esposa del presidente escribió una carta al Gobierno, que firmó, en la que expresaba su interés por la situación de Air Europa. El rescate de la empresa se resolvió en apenas cuatro meses. Un plazo que llamó la atención, ya que las entidades que solicitaban ayuda tardaban en torno al año o más.

Es un asunto serio. Los rescates se hacen en gran parte con fondos europeos, y Bruselas ya ha alertado varias veces al Gobierno sobre la obligación de detallar el destino de estos. Por otra parte, Calviño es hoy la presidenta del Banco Europeo de Inversiones y no sería extraño que se le pidiera información.

Escandaloso

En otro nivel, en el de Ábalos y sus colaboradores en la trama, se han publicado multitud de audios y vídeos demoledores. Las comisiones cobradas por Aldama, en prisión desde hace unos días, suman docenas de millones de euros y 70 de ellos se encuentran en el extranjero. El presidente estaba informado del polémico aterrizaje de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en Barajas, pese a que tenía prohibida la entrada. Es decir, Sánchez mintió una vez más. Las grabaciones demuestran que ella y Aldama tenían un trasiego de compra de «barras» de oro venezolano, por valor de 60 millones de euros, y que en la operación intervino un avión pilotado por rusos. 

Por otra parte, Ábalos recibió del conseguidor un chalet en Sotogrande de 600 millones, al que renunció cuando se separó de su mujer. Y los audios también demuestran que la trama pagaba el alquiler del apartamento de Jéssica, una pareja que le acompañaba a sus viajes oficiales cobrando 1.500 euros diarios.

Todo es sórdido y escandaloso. Los jueces determinarán si también es delictivo. Sánchez se convirtió en presidente gracias a una moción de censura a Rajoy por presunta corrupción. Qué va a hacer el inquilino de Moncloa es lo que hoy tiene en vilo al Gobierno y a los españoles. Mirar hacia otro lado para no enterarte de las infracciones de los tuyos es una falta de responsabilidad… y también delito.