Hilvanar una ordenanza y cumplir con la tramitación administrativa lleva su tiempo, pero al Ayuntamiento se le está agotando el plazo que tenía marcado para sacar adelante la nueva normativa que regulará la actividad extrahotelera en la ciudad y trabaja a contrarreloj para que pueda aprobarse lo antes posible y solventar la carencia que ha detectado recientemente la Junta e impide su aprobación. 

El 9 de marzo sigue estando en el horizonte del Ayuntamiento, puesto que ese día queda sin efecto la moratoria que se estableció hace dos años para evitar un desequilibrio entre la actividad residencial y la explotación de apartamentos turísticos en el Casco mientras no hubiera una ordenanza para su regulación. 

Sin embargo, aunque todo indicaba que el asunto estaba en manos de la Dirección General de Planificación Territorial y  Urbanismo a falta de que esta administración aprobara el nuevo texto que elaboró y envío la concejalía de Planeamiento, lo cierto es que se exige más documentación para terminar de dar forma a la ordenanza y que pueda comenzar a aplicarse. 

En la comisión de Planeamiento del pasado lunes salió este tema ante la preocupación de la oposición por la falta de noticias y por el hecho de que si la normativa no llega a tiempo y la suspensión de licencias de apartamentos turísticos decae vuelve a entrar en vigor de manera temporal la anterior ordenanza, menos restrictiva que la que tiene que aprobarse. 

El concejal de Planeamiento, Florentino Delgado, insistió que todavía quedaban días y había que confiar en que la administración regional aprobase a tiempo este nuevo instrumento municipal. Si bien, lo cierto es que el calendario aprieta y el Ayuntamiento se ha encontrado con un imprevisto con el que no contaba, rematar la ordenanza justificando esa regulación adoptada para la explotación de apartamentos turísticos en Toledo, que sitúa el índice de saturación en un 12% y esta actividad extrahotelera no podrá superarlo en cada uno de los distritos del Casco y en toda la ciudad.

Según fuentes de la Junta, la Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo ha realizado un requerimiento al Ayuntamiento en relación a la ordenanza de pisos turísticos para que aporte nueva documentación y la complete porque tal y como se encuentra el texto no cumple con la directiva marcada por la Unión Europea. 

Por tanto, ambas administraciones han mantenido una reciente reunión para dejar claros los condicionantes de la ordenanza con la intención de que el documento esté listo lo antes posible y pase por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el órgano de supervisión y control del desarrollo urbanístico de municipios de más de 20.000 habitantes de Castilla-La Mancha, para su aprobación.

Una vez que la Junta ha informado hace días al Ayuntamiento de esta traba, los servicios jurídicos municipales trabajan en ello y están ultimando toda la documentación necesaria que exige la Unión Europea relativa a la justificación de la regulación de la actividad extrahotelera en Toledo.

Desde la administración municipal se contempla la situación como una medida complementaria para ajustarse al dictamen de la Unión Europea que no reviste complejidad, con lo que el documento de la ordenanza volverá a estar en manos de la Junta en breve, pero el calendario juega en contra porque faltan seis días para que entrara en vigor.

De momento, resulta imposible conocer si la nueva ordenanza de pisos turísticos de Toledo estará lista a tiempo o no. En cualquier caso, si este nuevo instrumento tiene que esperar el Ayuntamiento tampoco se quedará en un vacío legal, dado que ya contaba con una ordenanza anterior que elaboró el PSOE en la anterior legislatura como modificación puntual número 32 del Plan General de Ordenación Urbana de Toledo (PGOU) de 1986, por el que se rige Toledo.

La normativa anterior. En febrero de 2023, el equipo de Gobierno de Milagros Tolón inició la tramitación de la ordenanza de pisos turísticos para evitar la saturación de esta actividad en el Casco, poniendo el límite en el 20% en cada distrito censal, al tomar como referencia que más o menos el 10% de las viviendas estaban dedicadas a alojamiento turístico. 

La medida se consensuó con las concejalías, la EMV, el Consorcio y los colectivos ciudadanos, pero no dio tiempo a tramitarla del todo porque se agotó la legislatura. Aun así, al mismo tiempo se estableció una suspensión de licencias para proteger la actividad residencial del Casco con un plazo de dos años.

Además, en aquel borrador de la ordenanza se planteaba que solo podrían dedicarse a apartamentos turísticos los inmuebles situados en primera planta y en planta baja, siempre que no sea en una zona comercial establecida. El resto de pisos se pondrían en uso para alquiler residencial.  En relación a los apartamentos turísticos se estableció que se quedaran fuera de las ayudas del Consorcio.