El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, ha criticado que el canon del agua «impuesto» por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se traducirá en que los talaveranos tendrán que pagar 2 millones de euros por este concepto. Así se ha pronunciado en rueda de prensa en la sede del PP talaverano, donde ha reiterado que este canon es «una imposición de Page que daña gravemente la economía de Talavera».
Gregorio ha insistido en que, pese a lo que han manifestado desde el PSOE, no es una decisión de los ayuntamientos si se aplica o no este canon, puesto que, en el caso de no hacerlo, se les sancionará con una multa económica que llegaría al 40% sobre el total de ese importe.
Así, ha remarcado que tampoco responde a una directiva europea, sino que es «un impuesto autonómico» que tiene su origen en un «capricho» de Page, censurando en este sentido que dirigentes como el secretario de Organización del PSOE regional, Sergio Gutiérrez, hayan manifestado que ha señalado que «si los vecinos y vecinas de los ayuntamientos donde hay un alcalde o una alcaldesa del PP han notado una subida del recibo del agua, de la tarifa, de la basura o de la contribución, la culpa es, en exclusiva, del PP», y «no de Page como intentan arrojar».
Gregorio ha hecho hincapié en que a los ayuntamientos se les ha «obligado» a implantar dos nuevas imposiciones como son «el basurazo de Pedro Sánchez»y el «canon del agua» de Page. Ambos «van a dañar gravemente las cuentas de este ayuntamiento, de los ciudadanos y de las empresas».
Además, ha instado al socialista Sergio Gutiérrez a responder qué sucedería si los ayuntamientos se negaran a pasar el recibo de la tasa del agua, asegurando que, si así fuera, serían «sancionados». «La Junta nos quitaría parte del dinero que no ingresaría», con lo cual los consistorios de la región «no pueden negarse».
El alcalde talaverano ha incidido en que la Directiva Marco del Agua (DMA) existe desde el año 2000 y se ha preguntado por qué Page «ha esperado 25 años para aplicarla» con este canon, «convirtiéndola en un nuevo tributo que recaudará más de 90 millones de euros cuando esté completamente implantado».
Ha insistido en que Page «miente al decir que es obligatorio» puesto que otras comunidades autónomas como Madrid no lo han impuesto, puesto que se trata de «una decisión política para obtener más ingresos a costa de los ciudadanos». En este sentido, ha manifestado que a Talavera le va «a restar competitividad con empresas vecinas» y «va a empujar a muchas a que se vayan de esta comunidad».
«Golpe a las familias». Para el alcalde, este canon es «un golpe directo a las familias talaveranas» y ha precisado que puede suponer un aumento medio de más de 15 euros en el recibo del agua en un domicilio con 4 habitantes. Gregorio ha explicado que Talavera tiene un consumo de agua aproximado de 5,7 milones de metros cúbicos y una población cercana a los 85.000 vecinos deberá pagar 2 millones de euros solo por este canon que irá «directamente a la Junta de Comunidades».
Además, ha incidido en que, a pesar de que desde la Junta han asegurado que se devolverá un 25%, esto se hará «a municipios de menos de 2.000 habitantes» porque «tienen menos posibilidades de hacer frente a este canon».
José Julián Gregorio ha recalcado que si bien Page asegura que es el impuesto del agua «más barato de España», el presidente regional «no dice que oculta una trampa», y es que ha reducido la parte variable, «pero han impuesto un mínimo fijo que supone más del 70% de la recaudación», lo que significa «que la mayoría de las familias pagarán más».
Este canon del agua, según la Junta, se aplica para asegurar una sostenibilidad hídrica, «pero no es así, porque Talavera de la Reina es una de las ciudades que menos pérdida tiene de de Castilla-La Mancha», con una media de 86.000 euros al año por este motivo. «Hay ciudades más pequeñas que la nuestra, como por ejemplo Hellín, que tienen una pérdida de casi 100.000 euros» por esta misma causa, ha indicado el alcalde talaverano.
Por ello, ha remarcado que «no es una herramienta de sostenibilidad sino un tributo recaudatorio», ya que no está destinado a mejorar las infraestructuras hídricas de Talavera, ni a garantizar el abastecimiento de agua, «algo que hace el Ayuntamiento».