Entre 2011 y 2015, la Fiscalía había abierto 15 diligencias por robos de bebés en la provincia de Toledo. En el conjunto de Castilla-La Mancha fueron 49 entre 2011 y 2019. Todas ellas quedaron archivadas por prescripción del delito u otras causas. La Divergente acercará a los toledanos esta tarde, desde las cinco, al drama de los bebés robados, iniciado durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, y los obstáculos legales con las que las familias se están encontrando todavía hoy.

Será de la mano de Soledad Luque, de la Asociación 'Todos los niños robados son también mis niños', entidad que está promoviendo la promulgación de una Ley de Bebés Robados. Luque trabaja en Toledo, en la Fundación Ortega-Marañón. Ofrecerá a los presentes un panorama general desde el origen de este crimen en España, su desarrollo a través de la dictadura, hasta continuar en la transición y la situación jurídica actual «y la desprotección que el Estado nos ha generado». A partir de ahí contará qué acciones están desarrollando organismos como su Asociación en pro de la Ley.

Según explica, el robo de bebés se originó al final de la Guerra, es «un crimen de la dictadura» hasta bien entrada, no obstante, la democracia, con diferentes momentos, móviles, víctimas y formas de actuar. Pero en todas sus fases destaca «la impunidad» de quienes lo realizaron, primero en la dictadura, y después en la falta de atención de la democracia.

A falta de datos exactos, las víctimas saben por una investigación de Montserrat Armengou que hasta 1954 hubo más de 30.000 niños tutelados por el Estado, aunque no todos robados por mujeres en las cárceles, pero sí buena parte. No hay investigaciones precisas posteriores, pero a lo largo de la dictadura siguieron desapareciendo niños no ya en cárceles, sino en clínicas y maternidades. Fueron parte de la represión política, ideológica y social, de la mano, apunta Luque, del nacional catolicismo y la implicación de la Iglesia, «lo que hizo que eso se pudiera alargar durante tanto tiempo».

Muchos casos, no obstante, tienen cierto patrón, apunta Luque. A su juicio, es una falacia decir que aquello fue solo un negocio, «no decimos que no hubiera dinero de por medio, lo que decimos es que es un aspecto más, no el más importante, detrás hubo un claro intento de ejercer un poder desde el poderoso que ejercía una autoridad por encima del bien y del mal, religiosos, médicos, funcionarios, hacia familias muy vulnerables y muy pocos recursos de todo tipo». De hecho, al principio hubo leyes que lo justificaron, para que después hubiera una actitud normalizada. En todo ese tiempo, «no encontramos ni un solo caso de familias pudientes, ultracatólicas y adeptas al régimen al que robaran un hijo».

Legalidad. En estos momentos, las investigaciones no han llegado a tanto como para determinar los culpables con nombres y apellidos más allá de algún caso concreto «aunque grandes nombres de grandes médicos están en la documentación de casos que podrían ser susceptibles de niños robados». Lo que sí que está claro es que tras el boom mediático de 2010, entre 2011 y 2020 se han interpuesto miles de denuncias. No hay número preciso de ellas, pero sí de las diligencias abiertas por Fiscalía, más de 2.100. Todas se han archivado, muchas sin investigarse siquiera.

La Asociación 'Todos los niños robados son también mis niños' es una ONG que viene desarrollando desde 2010 un trabajo integral en la investigación y resolución de estos casos. Lo hace desde un ámbito social en el acompañamiento a las víctimas, pero también en el ámbito judicial, incluso fuera de España. Además, en el ámbito legislativo es la entidad promotora de la Ley de Bebés Robados, que se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Tiene además una relación fluida con organismos de Naciones Unidas de los Derechos Humanos.

El futuro, apunta Luque, debe pasar por la aprobación de la Ley de Bebés Robados, que posibilitaría la apertura de las investigaciones. Es una Ley basada en los pilares del Derecho Internacional, como son el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Posibilitaría la apertura de archivos públicos y privados, incluidos los de la Iglesia, para la investigación y una Fiscalía especializada. También permitiría pruebas genéticas gratuitas o «que el Estado, por fin, se preocupe y ocupe de la búsqueda de estos niños y  haga campañas de concienciación para que esto no vuelva a pasar, que no seamos las propias víctimas las que hagamos esa labor».

Como entidad promotora de la Ley, la Asociación ha hecho muchas acciones junto a otras entidades para que salga adelante. Hace una semana presentó en el Congreso 81.000 firmas pidiendo la aprobación de esta Ley, que se presentó ante los grupos por primera vez en 2018 y que ya se ha tomado en consideración dos veces y está en trámite de enmiendas desde septiembre de 2020. De ahí la campaña para pedir de nuevo a los partidos que salga adelante.