El Banco de España calcula que hacen falta en España 600.000 viviendas nuevas hasta 2025 teniendo en cuenta el déficit que existe entre la creación neta de hogares y la producción de vivienda nueva y apunta que hay 400.000 viviendas vacías en las grandes ciudades.
En este sentido, la entidad señala que el diferencial acumulado en 2022 y 2023 entre la creación neta de hogares y la producción de vivienda nueva alcanza unas 365.000 unidades, lo que pone de manifiesto el desequilibrio entre la oferta y la demanda.
Además, en 2024 y 2025 las proyecciones de creación de hogares, junto con el volumen de viviendas actualmente iniciadas que se terminarán en este período, implicarían un déficit adicional superior a las 225.000 viviendas, indica el Banco de España en el informe anual del mercado de la vivienda.
La entidad señala a ese respecto que la contribución de la vivienda nueva a la oferta ha sido limitada, debido, entre otros factores, a la escasez de suelo finalista y de mano de obra para la construcción, al aumento de los costes de producción y a las dificultades para la adquisición y el desarrollo de nuevo suelo urbano disponible para la edificación.
Apunta que la rigidez de la oferta de vivienda residencial en el corto plazo también se explica por la reducida capacidad de rehabilitación de viviendas; la falta de adecuación de las viviendas vacías a las preferencias actuales de los hogares; la incertidumbre regulatoria y el auge de usos alternativos de la vivienda, como el alquiler vacacional o el de temporada.
En particular, observa un rápido crecimiento del peso del alquiler de temporada, con una duración habitual de entre 1 y 11 meses, que presenta un marco regulatorio más laxo y favorable para los propietarios.
Por ello, entiende que sería deseable que las medidas adoptadas contemplen un horizonte temporal amplio, involucren a las distintas administraciones públicas con responsabilidades en vivienda y pongan un foco especial en el estímulo de su oferta, sobre todo en el mercado del alquiler y el alquiler social.
Y es que, los problemas de acceso a la vivienda se han incrementado durante los últimos años y se concentran en los hogares con menor renta (jóvenes y población inmigrante) y en determinadas zonas geográficas (áreas urbanas y turísticas).
En ese contexto, el esfuerzo de los hogares se redujo levemente en 2023 hasta los 7,3 años y se sitúa por debajo del máximo observado en 2008 (9,5 años), aunque aún el doble del que se observó en el promedio del período 1987-2000.
El Banco de España estima un parque de viviendas en 2023 en torno a los 27 millones de unidades, de las que 19,3 millones —un 72 % del total— serían viviendas principales. El resto del 'stock' de las disponibles, unos 7,5 millones, se distribuyen en usos diversos como son las segundas residencias, las viviendas desocupadas, el alquiler turístico o el de temporada.
Medidas que propone
Entre las medidas que propone el Banco de España está la de revisar la tributación de la vivienda, evaluar los efectos de las políticas ya desplegadas, avanzar en la coordinación entre las distintas administraciones, impulsar la oferta de alquiler social, fomentar la colaboración público-privada para promover vivienda en alquiler, o mejorar la gestión de los procesos administrativos relacionados con las políticas de suelo y urbanismo.
También reforzar la seguridad jurídica y la certidumbre regulatoria con una agilización de los procedimientos administrativos y judiciales en caso de impago, así como un incremento de las compensaciones a los propietarios con inquilinos vulnerables que no pueden satisfacer las rentas del alquiler y a los que el sector público no ha podido ofrecer una alternativa habitacional.
El Banco de España apunta que hay un grado moderado de sobrevaloración media de la vivienda en el conjunto de la economía, que no hay un sobredimensionamiento de la actividad inmobiliaria, ni señales de alerta en el mercado de crédito.
Los efectos negativos de limitar los precios del alquiler
Además, el Banco de España ha alertado de los efectos negativos que puede provocar el control de los precios del alquiler de forma sostenida en el tiempo y sin medidas estructurales que aumenten la oferta ya que puede provocar problemas de acceso, contracción de oferta o proliferación de otros usos del alquiler.
En este sentido, apunta que la introducción de límites a los precios del alquiler se ha justificado por su efecto inmediato para reducir los problemas de sobreesfuerzo de los hogares vulnerables, pero su anuncio y aplicación sostenida en el tiempo pueden generar nuevos problemas de accesibilidad a la vivienda.
Por un lado, las mejoras de accesibilidad se concentran principalmente entre los hogares con contratos vigentes, cuyo efecto sería transitorio, y en los posibles nuevos contratos que se realizaran bajo esas nuevas condiciones.
Por otro lado, según apunta el Banco de España, la literatura económica ha documentado a escala internacional la aparición de efectos adversos, que podrían ser especialmente relevantes en caso de que no se apliquen medidas estructurales que aumenten la oferta de vivienda.
Entre estos efectos destaca la contracción de la oferta de vivienda de alquiler en las áreas reguladas, el desplazamiento del uso de las viviendas a otros mercados alternativos (por ejemplo, al alquiler de temporada o a la vivienda turística), así como un descenso de la calidad de la vivienda por un menor mantenimiento.
La fijación de precios máximos en el mercado del alquiler podría, además, generar efectos distributivos regresivos y aumentos en el sobreesfuerzo de los hogares con menor renta.
En particular, la fijación de un precio máximo podría reducir los alquileres de los inquilinos que se sitúan por encima del máximo regulatorio, pero incrementar los precios situados por debajo del nivel de referencia, segmento este último en el que se encuentran los hogares con menores ingresos.
Además, la entidad señala que la variación interanual de los precios de oferta del alquiler se situaba a finales de 2023 entre el 6 % y el 10 %, en función de los portales inmobiliarios consultados.
Un incremento que ve muy significativo en las zonas del arco mediterráneo con una elevada actividad turística; los distritos céntricos de las grandes ciudades, y algunos municipios de la periferia de las principales áreas urbanas.
Aunque señala que el alquiler vacacional tiene un peso modesto en el conjunto del mercado residencial, el 1,8 % del total de viviendas principales (340.000 viviendas), el Banco de España subraya que ya supone cerca un 10 % del tamaño del mercado del alquiler y se concentra en Málaga, Marbella, Elche o Palma de Mallorca, así como en los distritos céntricos de grandes ciudades como Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia.
Por otro lado, señala que el esfuerzo asociado al alquiler de la vivienda ha disminuido ligeramente durante la última década, pero ha aumentado entre los colectivos con rentas más bajas, y se situaba en el entorno del 40 % en las áreas urbanas con mayor dinamismo poblacional y actividad turística.
En particular, el gasto en un alquiler a precios de mercado supera el 40 % de la renta neta para más del 50 % de los hogares en los centros urbanos de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Baleares y Cataluña.