El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha aceptado investigar la querella del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, contra dos fiscales por presunta revelación de secretos en la difusión de una nota de prensa sobre su caso por supuesto fraude a Hacienda.

El TSJM investigará si la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, pudieron incurrir en un delito de revelación de secretos por la difusión de una nota de prensa de la Fiscalía de Madrid en la que se informaba sobre la investigación al empresario y la oferta de su abogado para llegar a un acuerdo de conformidad con el Ministerio Público.

"Debe indagarse si se ha excedido el límite permitido penalmente en el ámbito del derecho a la información que asiste al Ministerio Público al tratarse de unas diligencias penales, y por tanto reservadas, y así mismo en qué medida han podido perjudicarse los derechos constitucionalmente reconocidos al querellante", señala el auto, firmado por un tribunal presidido por el presidente del TSJM, Celso Rodríguez.

La Sala entiende que debe investigarse "el verdadero alcance" de los hechos, pero precisa a su vez que la admisión a trámite no puede entenderse "como un acto de imputación anticipada, ni una calificación ultimada de los hechos".

Solo abriendo una investigación, dicen los magistrados, pueden determinarse todas las circunstancias que influyen en la calificación de los hechos, "siempre que estos revistan indiciariamente carácter delictivo".

Pese al momento inicial, la Sala entiende que "no puede descartarse la naturaleza penal de los hechos relatados", que "no se presentan ante el tribunal huérfanos de todo apoyo, ni de indicios objetivos", y ve "prematuro y no justificado" descartar de plano la pertinencia de la investigación "de la eventual trascendencia penal de los hechos" o el grado de participación que pudieron tener los fiscales querellados.

El tribunal ha adoptado esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía que, tras un debate interno, pidió no admitir la querella al considerar que no existía ningún delito, dado que la nota de prensa del Ministerio Público "se limitó a proporcionar información veraz", sin desvelar "datos, hechos o documentos que no hubiesen sido ya difundidos en diferentes medios de comunicación".

Además, según argumentó, aquel comunicado llegó dos días después de que varios medios publicaran informaciones sobre la investigación a González Amador y el acuerdo que ofreció al Ministerio Público, y también "para aclarar los hechos y dar respuesta a la creciente y reiterada demanda informativa existente".

Los jueces indican que, pese a los argumentos de la Fiscalía sobre por qué se difundió esa nota de prensa, "de lo que se trata" ahora es de "analizar si se ha visto vulnerado el deber de confidencialidad y reserva inherente a las actuaciones penales" y, para eso, es necesaria "una indagación que sólo puede abordarse adecuadamente mediante la oportuna instrucción de la causa".

Además de la querella presentada por González Amador, el TSJM también estudiará la denuncia que interpuso por los mismos hechos el Colegio de Abogados de Madrid, que figurará en el procedimiento como acusación popular.

Será el magistrado Francisco José Goyena quien se haga cargo de la causa, mientras que, por parte del Ministerio Público, será el fiscal superior de Extremadura, Javier Moreno, dado que la primera fiscal a la que recayó el caso discrepó del criterio de la cúpula da la institución al considerar que sí debía investigarse la querella, y para que ningún fiscal de Madrid tenga que llevar una causa que afecta a sus superiores.